Que el Gobierno se haya rebelado contra el incremento de la tarifa eléctrica a que se había comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es, sin duda alguna, una jugada política. En medio de un proceso electoral el reajuste limitaría al mínimo sus posibilidades por el impacto negativo que tendría en todos los sectores.

¿Pero cuáles serían las consecuencias para la macroeconomía si por una coyuntura electoral se rompe el convenio con el organismo crediticio? ¿Acaso tienen las autoridades un Plan B para calmar a los inversionistas y afrontar el déficit fiscal que a octubre algunos economistas habían situado en alrededor de 35 mil millones de pesos?

El panorama, desde cualquier ángulo que se le mire, es confuso. No se sabe, de entrada, cuál será el destino del préstamo por 200 millones de dólares concedido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para mejorar las redes del servicio eléctrico. El crédito, que en principio se dijo que era en reconocimiento a la gestión de las actuales autoridades de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), ahora resulta que está atado al problema de la tarifa.

Y con los problemas financieros que han disparado los apagones, el préstamo del BID es, en estos momentos, un respiro para la CDEEE. Pero el precio de incrementar de nuevo una tarifa que desde noviembre de 2010 a la fecha ha sido elevada en un 20%, es demasiado alto. Sería un abuso.

Desde que se conoció la Carta de Intención en la que el Gobierno se comprometía a elevar la tarifa, la verdad es que diferentes sectores, sobre todo de la oposición, habían rechazado la iniciativa con el argumento de que además de ser lesivo para la población el alza tampoco resolvería el déficit financiero del sector eléctrico.

Ahora lo que está de por medio es la suerte del acuerdo con el FMI. Es posible que el Gobierno consiga que el organismo flexibilice el compromiso o, como habría solicitado el presidente Leonel Fernández, que el reajuste se postergue para después de las elecciones de mayo de 2012.

Pero también es posible que, como han planteado el presidente del Senado y otros sectores oficiales, se decida romper el convenio con el organismo crediticio para gastar a manos sueltas durante el proceso electoral, sin medir las consecuencias para la macroeconomía ni la inversión nacional y extranjera.

La declaración del ministro de Economía, Temístocles Montás, de que el país debe abocarse a una reforma tributaria para mejorar el gasto público y proteger la macroeconomía, lejos de bajar el maremágnum formado en los predios oficialistas, se presta también a confusión. Y todo por razones electoreras.