Insisto: el proceso de putrefacción institucional no solo arropa a OISOE, al sistema judicial, a la CDEE y sus plantas al carbón, al Congreso. No, no, no, la cuestión es más grave: todas las instituciones, están padeciendo del mismo mal: Gobierno Central, Alcaldías, Poder Electoral (JCE Y TSE), Tribunal Constitucional, Cámara de Cuentas, Policía Nacional, DNCD, DNI, FFAA, entidades autónomas del Estado… La propia Constitución del 2010 fue prostituida con la complicidad del bipartidismo de entonces.

Todo el Estado, sus fundamentos y componentes hegemónicos están en descomposición bajo el mando de una élite partidista corrupta y la tutoría rentable de una facción del gran empresariado inescrupuloso, local como transnacional.
En casos así no es posible sanear partes del Estado, o al Estado en su conjunto, desde su interior; aun bajo una presión fuerte que lo exija desde fuera.

Por ejemplo, ni el Consejo del Poder Judicial ni el de la Magistratura, están en condiciones de sacar al sistema judicial de esa pendiente perversa. Tampoco el Jefe de un Estado degradado.

Eso pasa con las demás instituciones, incluido las del arbitraje electoral. Ni el Presidente enfrenta al Congreso, ni el Congreso al presidente, ni ambos a la Justicia, o a la JCE, o a los cuerpos armados y comparsas. Menos aun a los dueños de los capitales sucios que financian y sobornan. Hay demasiadas complicidades y asociaciones turbias.

Incluso los presidentes, congresistas, magistrados, jefe militares y policiales y altos funcionarios que sustituyen a los otros a través de obligadas intervenciones internas o de cambios electorales domesticados, a lo sumo procuran variar la “propiedad” sobre esas instituciones o producir nuevos repartos en su seno para hacer más de los mismos en forma relativamente diferentes. En casos excepcionales se sanean algunas entidades secundarias que le sirven de adorno al régimen podrido.

Por eso, partiendo de lo imprescindible de las movilizaciones, luchas, peleas presentes hoy en el escenario nacional –muy especialmente las desplegadas por Poder Ciudadano contra OISOE, la corrupción e impunidad generalizada- se torna imperioso reflexionar sobre el agotamiento de la vía reformista para modificar este Estado totalmente degradado y la necesidad de desmontarlo para recrear algo distinto, sobre nuevas bases constitucionales y mediante una Constituyente Popular y Soberana.
Esto exige situar esa demanda y el proceso hacia el Poder Constituyente como factor político articulador de las demás luchas y reclamos, a la vez transformador de la sociedad y sustituto de esta dominación perniciosa.