La aplicación de un contrato para la instalación de rayos X en los puertos del país, firmado el 18 de julio del año 2002 durante el gobierno de Hipólito Mejía por el entonces ministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, y la empresa I.C.S.S.I, ha sido rechazado por varias asociaciones empresariales que estiman sería una franca violación a la normativa internacional en materia de legislación aduanera.

Teddy Heinsen presidente de la Asociación de Navieros calificó de inconcebible e inoportuna dicha pretensión ya que nada aportaría a la gestión portuaria y comercial del país, el que se instalen estas máquinas sin que exista un mecanismo de reconocimiento de los resultados de sus inspecciones por parte de la Dirección General de Aduanas y otros organismos de seguridad del estado.

Por tanto en el sector naviero endosamos y respaldamos la posición de la Cámara Americana de Comercio en términos de que la anulación de este contrato sería lo más objetivo y sensato, resaltó Heinsen.

La Asociación de Industrias consideró que la instalación de los rayos X no sólo es innecesaria, sino que agrega más costos al comercio exterior dominicano.

Ligia Bonetti, presidenta de la entidad respaldó la posición de la Cámara Americana y los Navieros.

Dijo que las pretensiones de la empresa ICCSI son inadmisibles, pues a pesar de que estos alegan que este servicio no representaría costos para el Estado, está claro que los costos directos los pagaríamos nosotros, los empresarios, restando competitividad a nuestras empresas.