El sistema judicial dominicano tiene una proporción significativa de jueces y representantes del Ministerio Público que prestigian sus carreras. Honestos, capaces, con gran vocación de servicio que los motiva a realizar su oficio con calidad. Esa circunstancia, no obstante, resulta insuficiente para revertir la pésima imagen que lo abate.

¿Por qué nuestra justicia está desprestigiada y no genera credibilidad en la ciudadanía¬? La respuesta es una combinación de factores que incluye un sistema institucional integral colapsado y una histórica dirección política que, en combinación con poderes fácticos han procurado, con obsesión, controlar el aparato judicial para garantizar impunidad por tropelías en desmedro del patrimonio público u operar desde el sector privado con ventajas competitivas de privilegio.

Sería infantilsuponer que en una democracia fallida comoesta, donde la separación depoderes es ficción, podría coexistir un sistema de justicia independiente, capaz de emitir sentencias con indiferencia de la condición económica, social y política de justiciables.

Quienes controlan el poder público y privado se las han arreglado para constituir una justicia que solo resulta efectiva contra desamparados sociales.

Nadie está reclamando modelos de selección de jueces y ministerio público libres de vestigios políticos partidarios. Eso no existe en ninguna parte. La estructuración de cualquier poder público es acción intrínsecamente política, sean cuales sean los procedimientos para dicha conformación.

Lo anterior es una cosa, y otra utilizar resortes de poder político y económico para despojar al sistema judicial y la diosa que lo simboliza de la venda que cubre sus ojos para que observe bien a quienes tiene de frente y dicte sentencias en función de abolengos sociales de destinatarios.

La nueva convocatoria del Consejo Nacional de la Magistraturapara evaluar y/o sustituir jueces de Suprema Corte de Justicia y Tribunal Constitucional, se ejecuta dentro deidénticas características, por lo cual, nadie puede esperar diferencias en el sentido de seleccionarse magistrados que proporcionen seguridad a intereses predominantes a lo interno del órgano quelos designa.

Integrar al Procurador General de la República al CNM y concederle al Presidente un voto calificado para romper empates, responde a un propósito malsano, controlar decisiones. ¿Quién puede suponer que en un congreso títere del ejecutivo, los presidentes de ambas cámaras ejerceríanpapel disonante con órdenes impartidas por su jefe político? En ese contexto, todo es simulado.

La elección está en manos del primer mandatario. Lo único que ha cambiado es el beneficiario de tan deleznable ardid.