En ala de la cruzada contra la corrupción, un fenómeno suspicaz comienza a desdibujarse América Latina. Se trata de la utilización de violaciones para doblegar o destituir, a través de mecanismos institucionales, a gobernantes comprometidos con el cambio social.

El último capítulo de una cadena de acontecimientos, que podría haberse iniciado en 2012 con el golpe institucional al presidente Fernando Lugo, en Paraguay, lo representa el posible juicio político de Dilma Rousseff, en Brasil, por manipular las estadísticas fiscales en 2014, una violación legitimada por la tradición. Pero en esta ocasión el Tribunal de Cuentas la ha elevado a la categoría de crimen. El objetivo, muy obvio al ser la primera vez desde 1937, cuando rechazó el informe del entonces mandatario Getulio Vargas, es que el Tribunal de Cuentas declara que un Gobierno incumple con sus obligaciones fiscales.

En medio de la vorágine contra la corrupción que provocó la caída del presidente y la vicepresidenta de Guatemala y los expedientes contra expresidentes, políticos, empresarios y jueces de la más diversa índole, la cruzada genera simpatía, sin dejar ver ningún trasfondo, como no sean la transparencia y la salvaguarda de los recursos públicos. Pero la embestida contra Rousseff, quien por demás está en un momento muy delicado, delata otras intenciones. Las acciones van mucho más lejos que el clásico mensaje para llamar la atención, sino que parecen la punta del iceberg de una trama contra regímenes progresistas, que han modificado los paradigmas sobre el ejercicio del poder en la región. Desde que fue reelecta para un segundo mandato la mandataria ha tenido que lidiar con una amalgama de conflictos que no le han dado la menor tregua. Es en medio de ese panorama que también el Tribunal Superior Electoral (TSE) inicia una investigación sobre presuntas irregularidades en la financiación de su campaña proselitista.

Con una popularidad que no excede del 10%, los escándalos de corrupción en Petrobras y una recesión económica que ha motivado la devaluación de la moneda, Dilma, que ganó la reelección con una votación muy ajustada, se tambalea en la cuerda floja. Todavía no prospere el proceso para destituirla no significa que se haya liberado de la fuerte embestida a que ha estado sometida. Habrá ganado una batalla, como se dice, pero no la guerra, porque en realidad está en el punto de mira de sectores poderosos que apuestan a su caída o su sumisión. Y con ella el de un modelo político que ha propiciado la inclusión a través de reformas estructurales. Como no se tienen indicios de que se haya manchado con la apropiación de recursos públicos se rastrean entonces debilidades fiscales que históricamente han constituido una rutina. Aunque fuera mala.