UBI RIVAS-

La filiación comunista era el argumento de antaño que esgrimía el imperio para derrocar a gobiernos, que sustituyen las acusaciones de narcotráfico, la corrupción, el terrorismo y las pretensiones soberanistas de hogaño, 4×1, como los mosqueteros de Alejandro Dumas.

La renuncia del presidente Otto Pérez Molina de Guatemala el día cuatro de este mes de septiembre se inscribe en el pase de factura del imperio por la ponencia del derrocado presidente de despenalizar las drogas, un negocio sombrío y sangriento que todos incriminan a Washington de su protección y beneficios, superiores a la industria automotriz mundial, que excede los US$600 mil millones.

Ese negocio criminal y violento que cuesta la vida a miles de individuos en Colombia, Honduras, El Salvador, Guatemala y más que todos, a México, conformando las bandas de facinerosos conocidas por maras, tiene su máximo beneficiario en el imperio, que es el mayor consumidor mundial de drogas prohibidas, sin que se conozca de grandes almacenistas identificados y decomisados en el mayor consumidor de estupefacientes planetario.

Postulantes de despenalizar las drogas hoy prohibidas, como el escritor Gabriel García Márquez, el ex fiscal general colombiano León de Greif y Pérez Molina, no han conseguido producir un consenso internacional determinativo para que el tráfico de drogas se permita, como el alcohol y el tabaco, igual de mortales, sobre todo el tabaco, que causa más de cinco millones de muertos cada año, más que las dos grandes guerras mundiales (1914-1918) que causó 25 millones de muertos la primera, y 50 millones la segunda (1939-l945).

Conforme ilustra el madrileño diario El País del tres de este mes, 39 gobernantes han renunciado el poder en América Latina, presionados por grupúsculos locales en los últimos 25 años, aupados por el imperio, el último, Pérez Molina, donde el embajador de Estados Unidos en Ciudad de Guatemala inclusive, demostró la parcialidad de su gobierno para derrocar al gobernante guatemalteco, participando en las protestas callejeras.

“El Gobierno de Estados Unidos respalda el derecho de los guatemaltecos a involucrase de manera pacífica en los cambios positivos para su país”, publicó la embajada estadounidense en Ciudad de Guatemala, conforme cable noticioso de Efe.

Las elecciones presidenciales en Guatemala se verificaron el día seis de este mes, resultando ganador el comediante y economista Jimmy Morales, 46 años, con el 25.81% de los votos en el primer conteo, cuando el gobierno de Pérez Molina concluía su periplo constitucional el 14 de enero 2016, y se antepone un proceso electoral anómalo, extraño y contraproducente, verificado a contrapelo de la mas ligera imparcialidad y credibilidad.

El presidente Pérez Molina fue acusado de dirigir una banda conocida por La Línea, donde fueron intervenidas más de 66 mil conversaciones grabadas, y más de seis mil comunicaciones electrónicas, en las que supuestamente el gobernante instruía reducciones de impuestos aduanales a cambio de percibir coimas enormes, que Pérez Molina ha negado el fardo de las acusaciones y el entramado para saltarlo del poder, luego de ocho meses de presuntos seguimientos a esa práctica corrupta.

El 28 de agosto ultimo, la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), acusó formalmente al presidente Pérez Morales, por dictamen comisionado de la CUCIG, el ex magistrado colombiano Iván Velásquez, detalló como funcionaba La Línea, que provocó la renuncia previa de la vicepresidenta Roxana Baldeti en mayo, guardando prisión provisional, en un proceso que muchos guatemaltecos llaman Revolución de la Dignidad.

El juez Miguel Angel Gálvez dictó el día tres orden de conducencia contra el defenestrado presidente Pérez Molina, provocando la dimisión del gobernante que expresó su actitud como una forma de “mantener la institucionalidad del país”, siendo sustituido por el vicepresidente Alejandro Maldonado, acusado de presuntamente lucrarse con reducciones aduaneras por sobre los US$3,700 millones, más de RD$20 mil millones, en el período mayo 2014-abril 2015.

La defenestración del gobernante guatemalteco de ninguna manera podría interpretarse como un hecho insignificante, sin trascendencia, y más bien debe interpretarse como un metamensaje subliminal pasible de reflexiones y rectificaciones profundas en América Latina, en especial en la semoviencia política caribeña.