La Corte de Apelación de San Cristóbal decidirá si acoge o no la inhibición del juez de la instrucción de Baní, Bartolomé Castillo, para conocer el caso del asesinato de siete colombianos en Paya, ocurrido en agosto del año pasado.

El juez, que en principio rechazó la recusación y posteriormente acogió la inhibición, todavía tiene la posibilidad de continuar conociendo el caso.

El magistrado fue quien rechazó un anticipo de pruebas y admitió otro de dos de los inculpados.

El juez que se inhiba debe remitir las actuaciones por resolución fundada a quien deba reemplazarlo. Una vez recibida, este toma conocimiento de la causa de manera inmediata y dispone el trámite a seguir. Si estima que la inhibición no tiene fundamento, remite los antecedentes a la Corte de Apelación correspondiente. El incidente se resuelve sin más trámite, establece el artículo 79 del Código Procesal Penal.

Los abogados en principio buscaban recusarlo porque ha mostrado mucho interés en conocer el caso además de las presiones de las autoridades de la provincia.

Él practicó, gestionó, ordenó y admitió un anticipo de prueba contra uno de los inculpados, indica el licenciado Marino Feliz.

Sostiene que durante la audiencia preliminar el mismo juez tendría que ponderar el mismo medio de prueba que admitió de antemano.

Además que definió a los abogados como terroristas judiciales dijo Feliz.

El juez decidió inhibirse acogiendo el pedimento de varios de los abogados de la defensa de los imputados por los que había violado varios artículos del Código Procesal Penal.

Ese tribunal de segundo grado, si acepta la inhibición deberá escoger un nuevo juez quien fijará la fecha para la continuación del juicio preliminar.

Dicen Juez viola Código

Los abogados de los 25 implicados argumentaron que el juez de Baní habría violado los artículos 78 en su numeral seis, el 287 y 288 del Código Penal, porque supuestamente participó en el conocimiento de las medidas de coerción y anticipo de prueba a varios imputados.