Por: Eduardo Álvarez

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Son controlables y cuantificables los extranjeros que vienen al país, residentes o visitantes. Es difícil esconderse en un país con apenas 48 mil kilómetros cuadrados y unos 10 millones de habitantes. La línea que nos separa de Haití -es de lo que se trata-, está perfecta y precisamente descrita en el Tratado entre República Dominicana y Haití sobre Delimitación de la Frontera entre Ambos Países, firmado el 21 de enero del 1929 [Normativa Dominicana: Resolución No. 1047, del 8 de febrero, 1929 / Gaceta Oficial, Pág. 8]. ¡Ay, el celebre ’29 con su tratado y corte del Tribunal Constitucional [TC]! ¿Coincidencia?

Cualquier ciudadano dominicano puedes leer y copiar este acuerdo –aún vigente-, en el siguiente enlace: http://www.bibliotecajb.org/Portals/0/docs/dinternacional/14.pdf Como corresponde también al gobierno dominicano cuidar y atender el límite trazado, violado repetidas veces, a diario, ante la mirada indiferente de las autoridades. No faltan puntos de chequeo para impedir la entrada haitianos indocumentados. Sin embargo, es bien sabida la componenda entre militares y contratadotes de mano de obra barata que proviene de la nación vecina. Sus cálculos concluyen en la preferencia de braceros que, ignorando los niveles de salarios y derechos laborales, puedan ser explotados con largueza e impunidad, hasta tanto sean maleados por compatriotas ya establecidos. La punta del iceberg.

Es la ecuación que deben manejar las autoridades de Migración, a la hora de controlar la entrada y permanencia de haitianos. Esto incluye, desde luego, los eventos colaterales que representan una carga para el Estado dominicano, a saber: atenciones, tratamientos e internamientos en hospitales y escuelas públicas. La falta de higiene y otras practicas contrarias a nuestras costumbres no de ser una seria amenaza contra la salubridad local.

Pero este no parece ser a asuntos que interese a las autoridades, a pesar de los instrumentos constitucionales y legales que les otorgan amplios poderes para defender nuestro territorio y dominicanidad. La sentencia del TC en tal sentido no ha hecho más que complicar un asunto aclarado y fijado por la Constitución, con las indeseables conciencias que todos conocemos.