El equipo legal del exministro de Hacienda Donald Guerrero calificó como un absurdo la ratificación de la medida de coerción dispuesta ayer en su contra por el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Eduardo Núñez, abogado de Guerrero, dijo que ningún otro imputado ha acreditado una conducta procesal menos riesgosa como su defendido.

De igual forma, consideró la decisión como un “sin sentido”, ya que la jueza expresó que las razones que llevaron al tribunal a ratificar la medida se mantienen porque el Ministerio Público sigue investigando. No obstante, ella misma admitió que no ha habido ningún tipo de obstáculo para llevar a cabo dichas investigaciones.

“El señor Donald Guerrero ha demostrado tener suficiente arraigo, y desde que inició la investigación en su contra, en octubre del 2020, no existe ningún elemento probatorio que permita concluir que se sustraería del proceso o entorpecería la investigación”, señaló.

De igual forma, cuestionó que desde el 2021 han solicitado infructuosamente a la Pepca la carpeta fiscal, la cual contiene los documentos, peritajes, interrogatorios y declaraciones obtenidos durante la investigación.

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El artículo 234 del Código Procesal Penal Dominicano establece que, en adición de las circunstancias generales exigibles para la imposición de las medidas de coerción, la prisión preventiva sólo es aplicable cuando no pueda evitarse razonablemente la fuga del imputado o de obstruir de alguna manera el proceso.

Según lo han expresado en distintas ocasiones los abogados de Donald Guerrero, desde que empezó la investigación, el exministro fue citado en más de 14 ocasiones, solicitándole documentos y explicaciones por parte de la Procuraduría General de la República, las cuales en todas las ocasiones fueron respondidas a tiempo y con base probatoria que sustentara sus argumentaciones.

Núñez dijo que, de igual forma, Guerrero siempre ha informado su paradero a las autoridades de manera voluntaria reiterativa, continua y específica, notificando sus entradas y salidas al país de manera totalmente colaborativa y expedita.

En este mismo sentido, senadores, diputados, juristas y representantes de instituciones de la sociedad civil han criticado recientemente que la prisión preventiva ha pasado de ser la excepción a convertirse en la regla, lo cual constituye una condena anticipada y una violación a la presunción de inocencia.