El Nacional
Los dos altos oficiales de la Policía implicados en la muerte a tiros del recluso Rolando Florián Feliz, condenado por narcotráfico, calificaron hoy como temeraria la querella contra la jueza que ordenó su libertad.

El coronel José Antonio Pulinario Rodríguez y el capitán Lino de Oca Jiménez, hablando a través del abogado Feddy Mateo Calderón, dijeron que no procede la querella disciplinaria en contra de la juez Rosa Elania Mateo Álvarez porque el proceso penal se rige por el principio de justicia rogada lo que significa que los jueces están obligados a acoger lo que solicitan las partes.

Creíamos que él había superado esa etapa del terrorismo jurídico y de la deslealtad procesal, precisó Mateo Calderón en nombre de los oficiales.

Dijo que el juez es un tercero imparcial en los procesos, que no puede agravar la suerte de los imputados si no se lo piden las partes, y en la audiencia de revisión de la medida de coerción la defensa de los oficiales solicitó la presentación periódica cada 15 días a lo que no se opuso el Ministerio Público

Indicó que la jueza estaba en la obligación de acoger el pedimento de la defensa técnica frente a la no oposición del fiscal Pedro Medina, quien dejó a la libre apreciación de la jueza la solicitud.

La única vía que tiene la familia de Florián Féliz representada por Carlos Balcácer es la apelación ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, que no suspende la libertad de los oficiales, precisa.

Dijo que la carta que envió la jefatura de la Policía haciéndose garante de los oficiales para presentarlo cada vez que sean requeridos por la justicia no obliga al juez.

Manifestó que lo que sí liga al juez es el principio de la justicia rogada y pidió al doctor Balcácer discutir en el tribunal, donde probará que el capitán De Oca Jiménez, actuó en legítima defensa

El fiscal del Distrito Nacional, doctor Alejandro Moscoso Segarra, definió ayer como positiva, sana y valiente la decisión de la jueza de poner en libertad a los dos oficiales.

Los oficiales presentaron por lo menos veinte presupuestos nuevos que facilitaban la variación de la medida de coerción de acuerdo al Código Procesal Penal en su artículo 241.1.