Nuevos elementos que han surgido con relación al crimen de los medicamentos falsificados comprometen aún más la responsabilidad y el crédito de la Secretaría de Salud Pública sobre un negocio que, en honor a la verdad, no es la primera vez que salta sobre el tapete.

Se trata de ingredientes preocupantes por las dudas que arrojan en torno al escándalo de los medicamentos, que se afirma ya han cobrado la vida de dos personas. El primero es que las distribuidoras y farmacias cuyo cierre había anunciado la cartera operaban normalmente, sin haber recibido notificación alguna, y el segundo la negación de su titular, doctor Bautista Rojas Gómez, de que fuera advertido por Cuba sobre el uso indebido de fármacos.

Es preferible la confusión y hasta problemas burocráticos en la ejecución de algunas medidas a que las autoridades recurran a estrategias mediáticas para encubrir su ineficacia o algún tipo de complicidad, como se ha denunciado, en una operación que data desde hace tiempo y que evidentemente se ha incrementado con el paso del tiempo.

La Asociación Nacional de Agentes y Representantes de Productos Farmacéuticos ha declarado que el negocio de las medicinas falsas moviliza más de mil millones de pesos al año, una operación de la que ha responsabilizado a las propias autoridades. Alegó que la dirección de drogas y farmacias de la cartera no cumple su papel, además de que se han otorgado permisos para comercialización con fármacos a empresas que no se conocen.

Aunque Rojas Gómez dice desconocer la notificación de Cuba sobre el uso indebido de las antitetánicas que las propias autoridades reconocieron que fueron las causantes de la muerte de dos personas, la periodista Nuria Piera ha presentado diferentes documentaciones sobre el particular a través de su programa Nuria en el 9.

Las contradicciones exigen una investigación todavía más profunda, pues no se descarta que el titular de la cartera no esté debidamente informado sobre las operaciones. Su reacción en torno al escándalo de las medicinas falsificadas y en torno a negocios que seguían operando después de anunciarse que habían sido clausurados se prestan a ambigüedades.

Lo triste y lamentable de un negocio que ha operado con aparente impunidad son las consecuencias fatales, como la muerte de dos seres humanos. Pero sabrá Dios cuántos otros también han perdido la vida víctimas de medicinas adulteradas sin que se sepa la verdadera causa.

Si quiere salir bien parado de este penoso escándalo, el secretario de Salud Pública tendrá que emplearse a fondo para despojar las sospechas que rodean el negocio de los medicamentos y evitar que más personas puedan perder la vida.