Un ex funcionario del pasado gobierno, que tenía su asiento en el Palacio Nacional, y era muy allegado al ex presidente Leonel Fernández, se quejaba de la facilidad que existe en la justicia para que muchos infractores adquieran su libertad. La lenidad de algunos jueces, decía él, contribuyó a que la mayoría de los acusados de robar metales, incluyendo los cables de los puentes, no estén padeciendo los rigores de la prisión.

Conforme a estadísticas oficiales, de un total de 104 expedientes que involucraban sometimientos de imputados de sustracción de metales, solamente 6 procesos estaban abiertos en los tribunales. Los demás, es decir, los 98 casos restantes estaban en el aire, pues los autores de los delitos fueron beneficiados con medidas de coerción exentas de privación de libertad.

Según cifras del Ministerio Público, unas 7,000 mil personas declaradas en rebeldía están prófugas al no obtemperar a los requerimientos judiciales para ser juzgadas por los hechos cometidos. Es pertinente y urgente la creación de un organismo adscrito a las principales fiscalías para localizar a las personas rebeldes que rehúsan asistir a las audiencias, no obstante haber sido citadas legalmente.

La magistrada juez de la Suprema Corte de Justicia, doctora Miriam Germán, considera que la violencia no tiene sólo una solución punitiva. En realidad, hay muchos otros factores que provocan la comisión de crímenes y delitos como son el rol responsable del Estado en materia de educación, la descomposición de la familia y la corrupción de los funcionarios públicos que se enriquecen ilícitamente sin recibir ninguna sanción.

No puede ser un paradigma para una sociedad un administrador de la cosa pública que exhiba una riqueza que no pueda demostrar su procedencia. El cúmulo de casos que se conocen en ese sentido, estimulan a los adolescentes y adultos a ser proclives de imitar esa conducta.