La Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (Arapf) denunció que en República Dominicana se comercializan al año RD$1,300 millones en medicamentos ilegales, falsificados, adulterados o de contrabando, lo que se traduce en peligro para la salud de la población e inadmisible competencia desleal a una atribulada industria humillada ante una extendida actividad de corte criminal.

Las autoridades no están en calidad ni capacidad de justificar su inexplicable debilidad ante tan evidente y dilatada violación a la ley que se expresa con la venta de medicamentos falsos o adulterados en todas partes, incluida la operación de “parques industriales” donde se elaboran esos fármacos ilícitos.

Mientras se incrementa la producción de productos adulterados y la circulación de medicinas contrabandeadas, se retrasa la aprobación de registros sanitarios lo que impide crecer a una industria farmacéutica que paga sus impuestos y genera empleo digno, lo que hace pensar que lo que realmente vale aquí es participar del estado de generalizada ilegalidad.

Se cuentan por miles los expedientes de las solicitudes de registro sanitario y de renovaciones de los vencidos aún pendientes en las gavetas del Ministerio de Salud Pública, al tiempo que las fábricas de medicina adulteradas se multiplican en patios y traspatios.

Algún motivo sobrenatural tendrán los gobiernos que ha tenido el país en los últimos decenios que no han podido o no han querido afrontar este grave problema, al punto que hoy se comercializan medicinas falsificadas o adulteradas por valor de más de mil 300 millones de pesos anualmente.

La industria farmacéutica local afronta la competencia desleal del contrabando, de la falsificación, de la adulteración y para colmo, de la desidia de las autoridades en agilizar aprobación de nuevos registros sanitarios o validar los vigentes.

Duele saber que aquí se expenden o comercializan medicinas falsas o inocuas que los pacientes adquieren para controlar enfermedades catastróficas, sin saber que la irresponsabilidad oficial los condena a una virtual muerte temprana.

Ojalá que esta vez, el gobierno del presidente Danilo Medina haga lo que nunca se ha hecho, que no es otra cosa que enfrentar decididamente a las mafias que elaboran medicamentos falsificados o adulterados y a los que fomentan el contrabando de medicinas. Ese es su deber y su obligación.