El panorama político dominicano se torna cada vez más crítico y confuso, pues los principales componentes sistémicos de la sociedad están dislocados; así, el pacto social llamado Constitución no es respetado y se le tiene como pedazo de papel que se cambia a conveniencia de los que detentan los resortes del Poder; el presupuesto no es instrumento de desarrollo, sino una formalidad, que se ejecuta con criterios inmediatistas de interés político, el congreso de escándalo en escándalo, acusa una grave crisis de representatividad y legitimidad; la llamada justicia sigue dando evidencias palmarias de disfuncionalidad, de mercado persa.

El sistema ha tocado fondo y la patronal conspira para desmontar las conquistas de los trabajadores.

Las principales instituciones y agencias estatales operan al margen de la constitución y de sus propias leyes orgánicas y contrarias a las demandas nacionales, en la cotidianidad son incapaces de procesar los conflictos que agobian al país.

Por ello, al margen de la voluntad del actual presidente por imprimirle otra dinámica al Estado, en los últimos meses han crecido las protestas, sectoriales y territoriales de enfermeras, fiscales, profesores universitarios, médicos, y de todos los asalariados, por el cumplimiento de viejas demandas salariales y sociales pospuestas.

A su vez han crecido las movilizaciones populares contra la vieja práctica de luz eléctrica pagada y no servida, falta de agua, arreglo de calles y aceras, eliminación de cañadas y, sobre todo, contra el galopante alto costo de la canasta familiar, que el Banco Central se empecina en decir que no ha aumentado, pero que el país siente en carne propia cada vez que debe librar obligaciones para comer, sin que nadie desde el Estado responda a las exigencias legitimas con propuestas de solución.

No obstante los esfuerzos en materia de seguridad ciudadana, los mismos se han saldado con evidente fracaso relativo, pues el origen multisectorial del problema radica en las raíces del sistema político dominicano, concebido para opera y dar beneficios a una minoría estadísticamente insignificante y no a la mayoría ciudadana que produce con su trabajo creador las riquezas sociales y paga sus impuestos, mismas que la alta burocracia civil y militar usufructúa para beneficio partidario, grupal y personal.

Las protestas exigiencias de aumento salariales, contrastan con el presupuesto proyectado para 2015 que consigna grandes partidas para disminuir los déficits del gobierno anterior, encabezado por el doctor Fernández y pagar los servicios de la deuda más alta que gobierno alguno haya contratado en tan corto plazo, sin que hasta ahora hayan podido explicar en qué gastaron los préstamos y negándose a responder los requerimientos ciudadanos y políticos que demandan respuestas al ex presidente Fernández. El presupuesto propuesto no es instrumento de avance económico-social.

En el marco de una sociedad con un ordenamiento jurídico-constitucional operante, con autoridades probas y con los perfiles profesionales y políticos a la altura de una sociedad democrática, el procurador general de la República ni la fiscal del Distrito se habrían prestado para rechazar recibir las querellas interpuestas por el ciudadano Guillermo Moreno para que se investigaran los déficits económicos y se explicara a la nación, a la luz de las leyes vigentes, todo lo concerniente a la forma y manera como fueron manejados esos recursos.

El gobierno guardó silencio cómplice y otro tanto hizo el sector de los profesionales del derecho, en demostración palmaria de irresponsalidad individual y sectorial.

No es raro que solo una minoría de personas vinculadas al ejercicio del derecho crean en el aparato judicial dominicano, y no la franja más consciente y honrada de mujeres y hombres de la nación.

Lo mismo acontece en educación, no obstante las millonarias inversiones en construcciones escolares, altamente positivas, cada semana los noticiarios reportan protestas locales demandando la terminación de planteles iniciados y no concluidos, el inicio de nuevos y la inauguración de otros, así como de la alarmante realidad de los niños fuera de aulas a nivel de media.

A la calamitosa situación se agregan las carencias de mobiliarios y materiales, así como profesores desmotivados por los pírricos salarios y la instrumentalización de los puestos de mandos con fines de controlar a los maestros y su gremio y a los estudiantes con fines proselitistas.