Todas las críticas que se han formulado contra la aprobación del voto preferencial para elegir diputados y regidores evidencian la corrupción y las debilidades institucionales que marcan el quehacer electoral en el país.
Por falta de controles se teme que los más pudientes, sin importar que los recursos procedan de la corrupción pública o del narcotráfico, salgan con ventaja en la compra de voluntades. De hecho, senadores y diputados cuentan con un capítulo para esos fines que disfrazan como programa de asistencia social.
Si se compitiera en igualdad de condiciones, evitándose el uso y abuso de los recursos públicos o mal habidos, no habría ningún temor con el voto preferencial. Pero para ello la Junta Central Electoral (JCE) tendría que contar con algún mecanismo o simplemente jugar su papel en cuanto a velar para que las reglas se respeten tanto en las convenciones de los partidos como en el mismo proceso electoral. Pese a todo, el voto preferencial es más conveniente que el sistema de arrastre.
El Nacional
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