Los escollos de la reelección –

El siempre cuestionable proyecto de la reelección que tanto daño ha causado a República Dominicana, ahora impulsado por el presidente Danilo Medina, que se desdijo cuando expresó que el 16 de agosto de 2016 se iba para su casa, confronta serios y muy empinados escollos conforme desgloso.

El 12 de junio del 2015 el Congreso siempre dócil al gobernante de turno, modificó el artículo 124 de la Carta Magna para posibilitar la reelección al presidente Medina, posible por un acuerdo entre el gobernante, el ex presidente Leonel Fernández y Miguel Vargas como presidente del PRD, con denuncias de derroche de recursos por el nefasto hombre del maletín.

En primer término, el costo de la canasta familiar escala a niveles preocupante y alarmantes con una carga adicional mayor al gobierno disponer alza en los aceites de cocinar, azúcar, café, chocolate, al subir el ITEBIS del 13% en 2015 al 16% este año que comienza.

En la escalada continua de los alimentos básicos, la ciudadanía advierte el retorno de la Casa del Terror en supermercados, colmados y pulperías que consistió en una de las causas que provocó el fracaso del presidente Hipólito Mejía intentar reelegirse.

El frenético endeudamiento ó hipoteca irresponsable del país que motoriza el presidente Medina que al inicio de este año suma US$23,803.8 millones y que cada mes remite al Congreso un nuevo préstamo, además de una actitud criminal, compromete los recursos del país a varias generaciones.

La inseguridad ciudadana que el presidente Medina ni sus colaboradores en esta disciplina han demostrado capacidad para reducir, constituye el problema más acuciantes y tensor de los mecanismos que generan stress en la ciudadanía, conforme un informe de Barómetro Latinoamericano insertado por el diario El Día del 23 de diciembre último.

Ese informe revela que la tensión por la inseguridad era percibida en 2007 por un 49%, subiendo al 2015 a 62%, y no pocos endosan ese fenómeno social nocivo a la desidia del presidente Medina en no promover la modificación de la obsoleta ley 36 sobre Porte y Tenencia de Armas de Fuego para que en lo sucesivo, estrictamente se permita la tenencia y nunca el porte, a absolutamente a nadie, estimándose que en lo que el Congreso decide modificar la ley 36, el gobernante podría promulgar un decreto provisional par prohibir el porte de armas de fuego, que ocasionan el 85% de las muertes.

Hay un consenso ciudadano, como pocas veces se registra, tendente a modificar la ley 36 permitiendo solo tenencia y nunca porte de armas de fuego a absolutamente a nadie.

El l congestionamiento de tránsito sin asomos de resolverse en 15 años de gobiernos del es un factor grave y grande que mortifica a 4 millones de ciudadanos que residimos en el Gran Santo Domingo y otro millón en Santiago de los Caballeros, con menor incidencia en SPM, Higüey y San Cristóbal, en que los motoristas, que nunca se asoma regularlos, transitan sin placas, sin licencias y sin cascos protectores, apoyador por coimas por la Policía.

La mortificación de los apagones que se prolongan por 40 años, 15 de los cuales corresponden al PLD, es un escollo enorme que revela ineficiencia y corrupción por los gobiernos del PRD, pero más del PLD, mostrar incapacidad para resolver el problema y extinguir los Acuerdos I y II de Madrid que son parte del nudo Gordiano del problema, que el presidente Medina dice resolverá con las dos plantas al carbón de 740 megas que erige en Punta Catalina, en Peravia a un costo sobrevaluado de UD$2,500 millones, y en el que ningún inversionista, con excepción del grupo Vicini, dueño de las tierras donde se construyen las generadores, rehúsa invertir.

El capítulo de la corrupción que se denuncia a decibeles ensordecedores incurre el gobierno del presidente Medina, es censurado por la Conferencia del Episcopado Dominicano, el CONEP, los industriales de Herrera, con mayor énfasis, en la Judicatura, que dictó un no ha lugar a favor del senador Félix Bautista (PLD-SJM), asegurándose que esa fue la condición del ex presidente Fernández para apoyar la reelección del Presidente.

Múltiples denuncias de dictámenes de jueces favoreciendo a políticos y narcotraficantes con un no ha lugar, sitúan a la judicatura en términos de estropicio moral, conforme condensa en su informe de fin de año El Nacional del 20 de diciembre.

Los reiterados casos de corrupción obligan a todos recrear los casos de los ex gobernantes Francisco Flores de El Salvador, preso por acusaciones de corrupción; Ricardo Matinelly de Panamá, asilado en Miami, negándose a retornar a su país para enfrentar acusaciones de corrupción por comprar alimentos por sobreprecios para destinarlos a programas populistas, como hizo en Argentina la ex presidenta Cristina Fernández, como hacen los presidentes Rafael Correa de Ecuador, Nicolás Maduro de Venezuela, Fernando Color de Mello de Brasil, destituido y preso por corrupción, y Danilo Medina, con bono luz, bono gas, subsidio eléctrico.

Visitas Sorpresas, donde se denuncia que los mayores recursos provienen de empréstitos y muchos beneficiados invierten los préstamos en compra de motores, colmadones y pagar amantes y 4% Educación con préstamos internacionales y sobre valúo de bienes raíces donde se construyen los liceos.

Las denuncias de corrupción que socavan la credibilidad en la judicatura es precisada en un sondeo de Latinobarómetro insertado el 21 de diciembre último en Listín Diario en que la judicatura ocupa el 39% de credibilidad, contra el 79% Iglesia Católica, 78% Estudiantes, 62% bancos, 55% JCE y 55% medios comunicación.