El presidente Danilo Medina está auspiciando un positivo programa de arraigo en la frontera, como una forma de impedir que los dominicanos abandonen sus lugares de orígenes, evitando que esos espacios sean ocupados por haitianos ilegales que se han asentado allí, violando leyes adjetivas y la Constitución de la República.

En efecto, el numeral 2 del artículo 10 de nuestra Carta Magna, establece que el régimen de adquisición y transferencia de la propiedad inmobiliaria en la zona fronteriza, estará sometido a requisitos legales específicos que privilegien la propiedad de los dominicanos y el interés nacional. El texto legal no deja ningún resquicio para que sea enajenado nuestro territorio.

Es alentadora la iniciativa presidencial de buscar estrategias para la inversión en la zona fronteriza. Varios funcionarios tienen el encargo de presentar una lista de acciones a los fines de facilitar el desarrollo de nuevos negocios, que generen una alta demanda de mano de obra para disminuir el desempleo que afecta a las comunidades que colindan con la línea limítrofe de nuestros vecinos.

Al actuar así, y esperemos que no sea un simple enunciado, el jefe de Estado actúa en consonancia con la Ley de Leyes que en el numeral 1 de su artículo 10, indica claramente que los poderes públicos, ejecutarán y priorizarán políticas y programas de inversión pública en obras sociales e infraestructura para asegurar los objetivos deseados.

Hay consenso de que las provincias fronterizas presentan los más altos niveles de pobreza y vulnerabilidad social. Y partiendo de esa premisa, el gobierno se propone desarrollar las micro, pequeñas y medianas empresas, y articularlas con la Jornada Escolar Extendida y el programa de alimentación en los centros docentes.

De manera, pues, que el gobierno se ajusta a sus obligaciones constitucionales, toda vez que la Ley Sustantiva declara de supremo y permanente interés la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteriza, su integración vial, comunicacional y productiva, así como la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo dominicano.