La reelección presidencial es un tema recurrente en la historia del país desde su nacimiento en 1844. Con muy escasas excepciones, los presidentes dominicanos se han agenciado una Constitución que legitime su continuidad en el poder. Desde el 6 de noviembre de 1844 hasta la fecha, nuestra Carta Magna ha sido modificada o cambiada en 38 oportunidades, lo cual refleja una gran inestabilidad política que ha impedido avanzar en el orden institucional.

Danilo Medina parece enrumbarse hacia un ensayo reeleccionista, al autorizar o permitir, para el caso es lo mismo, una campaña publicitaria y propagandística con recursos del Estado, para promover un segundo mandato, lo cual parecería insólito, no solo porque viola una promesa en tal sentido, sino, además –y lo más grave- porque está violando flagrantemente la Constitución que juró proteger y defender.

El artículo 124 de la Constitución del 2010, aprobada por el partido de gobierno (PLD) y consensuado con la facción traidora y liquidadora del PRD de Miguel Vargas, dice taxativamente: “El Poder Ejecutivo se ejerce por el o la Presidente de la República, quién será elegido cada cuatro años por voto directo y no podrá ser electo para el periodo constitucional siguiente”.

Ese simple hecho ha debido bastar para que nadie dentro del PLD y del gobierno hablara de reelección. Pero no ha sido así. No bien Danilo tomó algunas medidas populistas ya se habían pagado encuestas dándole extraordinarios niveles de popularidad que sirvieron de excusas para retomar el tema de la reelección.

La campaña no se ha detenido desde entonces… Y el presidente Medina, jefe de la administración pública, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía, no ha ordenado parar la campaña. Al contrario, la financia. Y lo hace –en cierto modo- para detener temporalmente al expresidente Leonel Fernández y a varios de sus Ministros.

El presidente Medina debe ser el primero, entre sus iguales, en respetar la Constitución que aprobó el partido, como lo juró al tomar posesión ante la Asamblea Nacional, cuando dijo, leyendo el texto de la Ley de Leyes: “Juro ante Dios y ante el pueblo, por la Patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, proteger y defender su independencia, respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas y cumplir fielmente los deberes de mi cargo”.

Si juró “ante Dios y ante el pueblo” (no importa que sea ateo) cumplir la Constitución, ¿no es ella la que establece que el Presidente “no podrá ser electo para el periodo constitucional siguiente”? ¿Dónde queda el juramento si es el propio Presidente quién paga, con dinero del presupuesto nacional, la campaña reeleccionista?