Érase una vez un pueblo que no tenía acceso directo al agua potable, las fuentes cercanas del líquido estaban todas contaminadas, y los pobladores no tenían mecanismos para purificarla. Dos empresas proveían de agua al pueblo trayéndola desde fuera y vendiéndola a precios razonables. Un día, los ejecutivos de ambas empresas razonaron, si somos los únicos vendiendo, ¿por qué no ponernos de acuerdo con los precios, si no hay nadie para sacarnos?. Y así las dos empresas quintuplicaron los precios del agua a su gusto, nadie pudo comprarla y como la inanición actúa más rápido que la bajada de precios, todo el pueblo se murió y las empresas quebraron.

Si lo anterior le parece ilegal, es porque lo es. Si lo anterior le parece criminal, es porque dependiendo de las leyes de cada país, se pudiera considerar así. Si lo anterior se le parece mucho a lo que ha estado ocurriendo con las clínicas y colegios privados, es porque es exactamente lo mismo.

Las deficiencias históricas de República Dominicana en materia de salud y educación crearon un pujante negocio en el sector privado para satisfacer a una creciente clase media, que demandaba más calidad en estos servicios. La oferta privada se ha hecho inusitadamente abundante y la demanda se ha sostenido a medida que la salud y educación pública no acaban de dar visos de mejora en el mediano y largo plazos.

Las clínicas y colegios privados proveen un servicio por el cual cobran, y mucho. El objetivo de estos, como cualquier negocio, es dar ganancia a los socios que aportaron su capital para crearlos o mantenerlos.

Los consumidores de salud y educación suelen aceptar precios altos siempre y cuando se les otorgue una buena calidad en el servicio como contrapartida. Sin embargo, estarían más que gustosos de pagar menos siempre y cuando haya la posibilidad de obtener una calidad comparable y resultados similares. Ahí es donde las clínicas y colegios compiten.

Cuando la totalidad de clínicas y colegios se reúnen para fijar un incremento en sus precios, están haciendo lo mismo que los vendedores de agua en el cuento. Eliminan la natural competencia entre ellos, desestiman los factores relevantes que fijan los precios e imponen nuevas condiciones a sus consumidores, ahora cautivos.

Desmantelar los carteles de salud y educación puede que no impida un incremento de los precios, pero las proporciones serían más acorde con las capacidades competitivas de cada uno de los actores.

Lamentablemente para las asociaciones de padres y usuarios de clínicas privadas que esperan soluciones desde el Gobierno, políticamente será un dolor de cabeza para este pulsear contra grupos que entre sus filas cuentan con intereses de grandes empresarios, políticos y la Iglesia Católica, y podría finalmente resultar muy cuesta arriba. Pero, y no sería la primera vez que lo digo, contra un buen cartel que fija sus precios no existe mejor medicina que un buen grupo de consumidores que se rehúse a pagarlos.