Se ha repetido mil veces que la sociedad dominicana está putrefacta. Que la corrupción pública y privada es generalizada. Que intentar insertarse en la actividad política, por ser un oficio realizado como inversión para perseguir beneficios, supone la necesidad de disponer de millones de pesos.

Si es así, lo cual es algo que pocos se atreverían a desmentir, es innegable la conveniencia de que ese pus sea exprimido para que la infección tenga posibilidad de sanar. ¿Dónde están los antibióticos?

No obstante, la complicidad es tan abrumadora, que son muy fuertes las manipulaciones para que todo continúe como siempre, es decir, evitar que la verdad aflore, por el riesgo inminente de que muchas cosas y otros tantos personajes, se desplomen. Por eso, a la primera oportunidad en que algunas máscaras pueden ser retiradas, se activan voces clamando por el reinado del silencio, apostando siempre a que el nuevo escándalo supere al anterior.

Ante tantas y graves denuncias, no es momento de tomar partido que no sea por la salud institucional de la nación. Es la hora de que se establezca la realidad de los acontecimientos para que las cosas sean colocadas en su lugar. Eso implica la ineludible obligación de realizar una investigación seria, profunda e imparcial.

A quienes lo que se está afirmando les pueda afectar su honra y su dignidad, deben ser los primeros interesados en que los hechos se diluciden hasta sus últimos detalles. Esa sería su manera más efectiva de salir bien librados y reclamar las correspondientes reparaciones para su honor lastimado. Una actitud de elusión no hace más que fortalecer sospechas.

El país, de su lado, saldría ganancioso de tener la oportunidad de constatar la realidad de los hechos, sin prejuicios, sin condicionantes, pero sobre todo sin cortapisas mediáticas fruto del control de importantes mecanismos de poder.

Sería una irrepetible circunstancia para que este abusado, expoliado pedacito de tierra insular pueda pasar balance, ratificar liderazgos mayores o, por el contrario, exigir rendición de cuentas, descubrir farsantes y hacer producir consecuencias.

¿Estamos dotados, sin imprescindibles refuerzos foráneos, para emprender esa tarea ciclópea? ¿Acaso no resulta evidente que un imputado sacado de territorio dominicano, juzgado, condenado y liberado con condiciones en otras latitudes, no actúa al margen de los parámetros que decretaron su salida a destiempo del lugar que correspondía en función de sus ilícitas acciones? Las inevitables respuestas entristecen, pero los efectos podrían compensar las cuitas.