El Consejo Nacional de Migración extendió por otro año el plazo para que los extranjeros que se acogieron al Plan Nacional de Regularización completen la documentación requerida para poder determinar su estatus migratorio, una decisión hija de la improvisación y la irresponsabilidad.

Durante los primeros 12 meses de vigencia del carnet otorgado a más de 260 mil indocumentados, fue muy poco lo que desde el ámbito oficial se hizo para que esos extranjeros, en su mayoría haitianos, regularizaran su situación, por lo que apenas siete mil inmigrantes cumplieron con el proceso.

Bajo el argumento de que “hay que ser práctico”, el ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, justifica una medida ilegal porque la ley que sirve de marco a ese programa no establece la concesión de plazos hasta el infinito para que esa masa de inmigrantes indocumentados se acoja a una dispensa migratoria.

Duele saber que el Gobierno ha tirado por la borda más de dos mil millones de pesos en la ejecución de un plan que carece de pies y cabeza, convertido en un ejemplo de ineptitud e indiferencia, que fue diseñado al parecer para ponerles ojos bonitos a Gobiernos y agencias internacionales que desde tiempos inmemoriales chantajean al gentilicio nacional.

Es ahora cuando el ministro Amarante Baret afirma que para completar ese programa de regularización migratoria se requiere de un “protocolo de respuesta”, que dice se creará en los próximos 30 días. ¿Por qué ese bendito protocolo no se creó con anterioridad?

La verdad es que este nuevo fracaso del mentado plan migratorio, lo que demuestra es que el Gobierno carece de política o de voluntad para imponer o garantizar adecuado control migratorio y ni siquiera para poder validar un carnet que al parecer tendrá vigencia eterna.

Constituye un eufemismo de mal gusto la afirmación del ministro de Interior de que “el Plan terminó”, que solo está vigente para las personas que se acogieron a él, que estima en 260 mil indocumentados, porque en este momento lo que se observa es un monumental desorden, donde ninguna autoridad está en capacidad de identificar hoy quién posee o no esa condición.

Consumada la ilegalidad de la nueva prórroga concedida por el Gobierno a la vigencia del Plan Nacional de Regularización Migratoria, lo que se reclama ahora es que las autoridades se pongan a trabajar para que algún día ese programa concluya y, quizás, se animen a cumplir con su obligación de imponer control migratorio.