El debate en torno a la instalación de máquinas de rayos X en los puertos aéreos y marítimos del país sigue candente casi nueve años después de la firma del acuerdo poco ortodoxo que originó el conflicto, en la administración del expresidente Hipólito Mejía entre la entonces Secretaría de las Fuerzas Armadas y la empresa ICSSI, sin la intervención de la Dirección General de Aduanas en esas negociaciones.

Desde el mismo momento de la firma del acuerdo, refrendado por el Congreso Nacional, la Dirección General de Aduanas pidió la anulación del mismo, argumentando que las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver con el manejo de la entrada y salida de mercancías en el país.

La empresa que firmó el contrato original con el entonces secretario de las Fuerzas Armadas, general José Miguel Soto Jiménez, la ICSSI, en el año 2006 vendió sus acciones a la empresa norteamericana Boarder Support Services, propiedad del doctor Salomón Melgen, actualmente bajo investigación en Estados Unidos junto al senador de ese país Bob Menéndez por parte de las autoridades federales.

Este jueves, la empresa ICSSI emitió un comunicado en el cual saludó que por primera vez, desde el inicio del conflicto, la Asociación de Navieros de República Dominicana apoyase la instalación en los puertos marítimos de las máquinas de rayos X.

Sin embargo, la posición de los navieros ha estado condicionada, ya que su presidente, Teddy Heinsen, dijo en el desayuno que tuvo como invitado al consejero de la embajada de Estados Unidos, Peter Foote, que los rayos X constituyen una excelente herramienta para la inspección de mercancías, utilizados junto con un sistema de perfil de riesgos y los lineamientos de BASC y CT-PAT, siempre y cuando las autoridades manejen estos dentro del marco de los dictados que postulan los acuerdos internacionales.

Otro comunicado, también emitido hoy, firmado por las empresas navieras y concesionarias de los puertos, dice que ellos nunca se han opuesto a la instalación de los equipos de rayos X, sino que condicionan ese hecho a que esos equipos como los procesos deben ser instalados, operados y llevados a cabo por empresas y personas con reconocida integridad, capacidad y experiencia en dichas actividades, siempre en estrecha colaboración y bajo la dirección de las autoridades nacionales.

El pasado año, el 4 de marzo de 2012, el entonces director de Aduanas Rafael Camilo declaró que el organismo continuaba a través de los tribunales reclamando la nulidad del referido contrato debido a que es algo en lo que inclusive se pone en juego la seguridad nacional y control, que debe estar en manos de la autoridad oficial y no de una compañía privada.

Expresó entonces que la petición de nulidad del contrato por parte de Aduanas se encuentra en primera instancia en la justicia y dijo estar convencido de que luego de las elecciones del próximo 20 de mayo será cuando el proceso adquiera su debido desarrollo.

También reveló Camilo que los equipos de rayos X hasta ese momento no se llegaron a comprar por la oposición de la Dirección General de Aduanas a la ejecución del proyecto, pero indicó que la empresa invirtió dinero en actividades de estímulo para lograr la aprobación en el Congreso y en otros ámbitos.