Será el día 29 de mayo del presente año cuando la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional decidirá si envía a juicio de fondo a los implicados en el denominado caso Calamar justo tres años después de haber iniciado el proceso judicial.

Fue en marzo del año 2023 cuando el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero conoció la solicitud de medida de coerción en contra de los imputados en el caso de corrupción Calamar, instrumentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

En el caso figuran como acusados los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, a quienes acusan de sustraer más de 19 mil millones de pesos al Estado en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020.

Además el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

En la primera fase del proceso los imputados que aceptaron los cargos fueron: Ángel Lockward, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández Paola (De Paola), Emir José Fernández De Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Agustín Mejía Ávila, Víctor Matías Encarnación Montero y Julián Omar Fernández.

La magistrada Altagracia Ramírez tomó la decisión luego de escuchar las conclusiones del Ministerio Público, de los abogados que representan al Estado dominicano y a las defensas de los imputados en el caso.

La decisión será dada a conocer a las 3:00 de la tarde.

Wilson Camacho

El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó que el expediente del caso revela “una estructura de corrupción administrativa” en la que exfuncionarios se valieron de su poder para desviar recursos públicos.

“Aquí lo que se devela es cómo se asociaron desde las entrañas del Estado para sustraer miles de millones de pesos de los contribuyentes”, sostuvo.

“Se trata de un proceso sobreprobado, con más de mil medios de prueba, por lo que esperamos que el tribunal envíe a juicio a todos los implicados y se sancione la corrupción sin espacio para la impunidad”, enfatizó el procurador adjunto.

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En la audiencia, los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitaron al tribunal dictar auto de apertura a juicio en contra de todos los implicados en el caso Calamar, para que allí respondan por los hechos que se les imputan.

Mientras que la defensa solicita, por el contrario, que se dicte auto de no ha lugar en favor de todos los encartados, alegando falta de pruebas que justifiquen el envío a juicio de fondo.