La Declaración de Punta Cana fue la culminación al más alto nivel de la 20.ª Reunión Regional Americana de la (OIT), como lo refleja el párrafo 1 de su preámbulo, que dice como sigue: “Expresamos nuestro agradecimiento al Gobierno de la República Dominicana por su valiosa contribución como país anfitrión de esta reunión, cuya impecable organización y cálida hospitalidad han sido fundamentales para el éxito del diálogo social tripartito”. Ya el director general, Gilbert Houngbo, había calificado la reunión como una de las mejores celebradas en el Continente.
Sin duda, se trata de un texto impecable, en el que Gobiernos, empleadores y trabajadores coincidieron en que la justicia social no es solo un ideal, sino la condición necesaria para la paz y el desarrollo sostenible.
Con el espíritu de justicia que caracteriza los eventos de la OIT, la Declaración de Punta Cana coloca en el centro a las personas, la democracia y el diálogo social, elementos que han estado amenazados en la región americana, producto de su acostumbrada a la polarización y a la desigualdad estructural.
Adentrándonos más allá del lenguaje diplomático, encontramos que el documento toca temas de fondo, como son: la transición de la informalidad a la formalidad, la equidad de género, el derecho a un salario digno, la protección social universal y la erradicación del trabajo infantil.
También, toma en cuenta la realidad de América Latina como una de las regiones más desiguales de América y el mundo, como lo comprueba el hecho de que en más del 50 % de sus trabajadores operan en la economía informal, y millones de personas carecen de seguridad social. En ese panorama, hablar de “trabajo decente” sin acciones concretas sería un gesto vacío.
La Declaración de Punta Cana también invita a repensar el papel del Estado y de las empresas. No basta con “crear empleo”: hay que garantizar que esos empleos sean sostenibles, productivos y respetuosos de los derechos fundamentales. La competitividad no puede construirse sobre la precariedad. Tampoco se puede seguir postergando la discusión sobre los sistemas de cuidados, la corresponsabilidad familiar y la brecha salarial entre hombres y mujeres.
En ese sentido, señalé que “el crecimiento económico solo tiene sentido si se traduce en más y mejores empleos con pleno respeto a los derechos laborales”. Esa frase resume el espíritu del encuentro. Pero convertirla en realidad requerirá más que declaraciones: implica diseñar políticas fiscales justas, fortalecer instituciones laborales debilitadas y garantizar la participación efectiva de sindicatos y organizaciones empresariales.
Por su parte, la OIT se comprometió a elaborar un plan regional de implementación del gran acuerdo de los países de América, con metas concretas, que será presentado en 2026. Ese será el verdadero examen. Si el plan logra articular objetivos medibles y mecanismos de seguimiento, la Declaración de Punta Cana podría marcar una nueva era de cooperación regional. Si, en cambio, se queda en el papel, pasará a engrosar la larga lista de compromisos incumplidos.