El Tribunal Superior Administrativo declaró inadmisible el recurso mediante el cual la Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD) reclamaba la nulidad de los permisos de operación de varias empresas establecidas en provincias de la frontera al amparo de la ley 28-01 de incentivo al desarrollo fronterizo. El fallo emitido por los magistrados Rafael Ciprián, Franklin Concepción Acosta y Fernando Fernández Cruz, establece que la AIRD carece de calidad para solicitar la nulidad de las aprobaciones otorgadas a varias empresas por el Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo mediante asamblea celebrada el 26 de julio del 2012.
La decisión del tribunal beneficia a las empresas Licorera La Altagracia, Yoseplastc, Vaperdy, Félix Astacio de la Rosa y Compartes, y Maiberil Internacional, establecidas en diversas comunidades de la región fronteriza.
El Tribunal Superior Administrativo reconoce en su fallo que la AIRD tiene el compromiso de velar por los derechos de un grupo de industrias del país que representa, pero observa que esa entidad fue parte de la Comisión Técnica de Evaluación de los Proyectos para el trámite de apreciación de las empresas que concursaron para optar por el beneficio de la ley 28-01 sobre Desarrollo Fronterizo, lo que afecta su calidad para demandar en justicia en lo relacionado con tales aprobaciones, cuando su primer rol era la evaluación, recomendación y asesoría.
