El Gobierno de Venezuela no ha guardado ni las apariencias para asegurarse una abrumadora victoria en las próximas elecciones parlamentarias. Además de crear un tribunal electoral afín a sus intereses ha llegado al colmo de inhabilitar a los líderes de los dos principales partidos opositores, Acción Democrática y Primero Justicia, y sustituirlos por dirigentes cercanos al oficialismo.

Si la comunidad internacional no se moviliza el presidente Nicolás Maduro consumará otro golpe contra el sistema democrático en un país que, además del coronavirus, padece una crisis de abastecimiento de productos básicos.

Venezuela, a pesar de que es de los principales productores de petróleo del mundo, sufre hasta escasez de gasolina. A través de maniobras y el uso de la fuerza Maduro ha desarticulado a la oposición y frenado las protestas sociales contra la represión y el desabastecimiento.

El régimen se ha burlado hasta de las sanciones económicas de Estados Unidos y la Unión Europea.

La decisión del Tribunal Supremo de inhabilitar a Juan Guaidó y a los líderes de Acción Democrática es otro golpe que el Gobierno propina a los venezolanos y a la opinión pública internacional.