El retroceso de la democracia dominicana quedó evidenciado durante el recién proceso electoral que concluyó con las elecciones del 20 de mayo. Se confirma que el trauma, las dudas y la desconfianza son una constante en los procesos electorales desde el final de la revolución de 1965. Es lo que ocurrió en las elecciones de 1966, 1970, 1974, 1978, 1986, 1990, 1994, 2004, 2010 y 2012. Desafortunadamente, no hemos podido superar estos males.

Mientras las elecciones se limiten a organizar el ejercicio formal de votar y al escrutinio, sin un marco legal que regule, limite y sancione las actividades del Estado ex post, lograr la alternabilidad política se irá convirtiendo en un sueño difícil de realizar. Al no existir controles reales y efectivos sobre el Estado, controlado por el PLD en todos sus ámbitos, el sistema corporativo instalado se ha apoderado del mismo, creando una cultura de poder que obliga a una profunda reflexión sobre el futuro del país.

Nunca antes, en la historia reciente del país, los recursos del Estado, que nos pertenecen a todos los dominicanos, fueron utilizados tan groseramente en un proceso electoral como lo fue durante la campaña electoral. Igualmente, la represión policial y militar, que me hizo recordar otros procesos como el de 1978, estuvo presente. Hay fotografías y videos que documentan ambas realidades.

A pesar de lo ocurrido, el PRD y aliados obtuvieron el 47% de los votos, quedando evidenciado que es la principal fuerza política del país. Por lo tanto, para impedir el continuo retroceso de la democracia, hay que asimilar las experiencias de Colombia, Brasil y Chile, limitando, prohibiendo y sancionando las actividades del Estado en el proceso electoral. De ahí la trascendencia de discutir y aprobar las leyes de partidos y de garantías electorales.