JUAN DOLIO. La Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica denunció que en cinco países de la región se desarrollan ataques contra la integridad de las cooperativas al considerarlas objeto de una regulación como si fueran bancos, ignorando su rol en la economía social y su papel de transformación de la calidad de vida de los sectores populares y sin acceso a los servicios financieros formales.

El presidente de la CCC-CA, el maestro hondureño Germán Astur Mejía, destaca que en la primera sesión del Comité Directivo Regional y el Comité de Vigilancia se han presentado, por parte de los representantes de los países afectados, las denuncias de ataques y limitaciones contra el ejercicio del cooperativismo en Panamá, Costa Rica, Ecuador, Honduras y Puerto Rico.

Astur Mejía indica que el gobierno de Costa Rica pretende imponer una supervisión financiera con óptica de mercado bancario a las cooperativas, lo que tendería a reducir las actividades y los beneficios a socios y socias de las cooperativas.

A la reunión de la CCC-CA asisten delegados de Ecuador, Costa Rica, Puerto Rico, Paraguay, Curazao, Panamá, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana.

Por el país participan el profesor Julio Fulcar, presidente del Comité de Expresidentes de la CCC-CA, y Narciso Vargas, presidente de la Cooperativa La Altagracia y expresidente del organismo regional; Hugo Bautista, del Directorio Ejecutivo; Osvaldo Arzola, presidente del Comité Nacional de Afiliadas; Francisco Santana y Eufracia Gómez, dirigentes regionales de la CCC-CA.

El delegado ecuatoriano Clemente Rodrigo Ucay Sánchez denunció que la Oficina Supervisora de la Economía Popular y Solidaria también trata de modificar la legislación, que por preceptos constitucionales declara de interés nacional el cooperativismo, para reducir el sector a materia de supervigilancia con una óptica financiera del mercado formal.

Ucay Sánchez destaca que el problema se produce porque la recién creada oficina supervisora está integrada por ejecutivos provenientes del sector bancario. El presidente Rafael Correa, que es economista, tiene claridad sobre lo que representa el cooperativismo, pero el problema está abajo, a nivel de los técnicos de la Supervisora de Economía Popular y Solidaria, dijo el dirigente cooperativista.

En las sesiones participa Félix Cristiá, director ejecutivo de la entidad regional.

La problemática de los atentados jurídicos e institucionales contra el sector cooperativo también se manifiestan en Puerto Rico, donde, según los dirigentes denunciantes, se pretende establecer altos impuestos a la actividad del sector cooperativista, en un afán del gobierno por incrementar sus ingresos aun cuando sea perjudicando al sector popular y solidario de la economía.

El encuentro internacional se desarrolla hasta mañana sábado en el auditorio del hotel resort Coopmarena, en Juan Dolio.