La comunidad dominicana en Puerto Rico sufre alta xenofobia y es víctima de numerosos atropellos a causa de una crisis de derechos humanos que afecta la vecina isla, afirmó este viernes el presidente de la Junta de Amnistía Internacional Osvaldo Burgos, quien hizo la denuncia durante la presentación del Informe 2011 de los Derechos Humanos en el Mundo.

El presidente de la Seccional en Puerto Rico de Amnistía Internacional explicó que esa crisis es posible por la falta de un plan de promoción y protección de los derechos humanos, y resaltó que en ese país se produjeron durante el pasado año ataques contra la libertad de expresión, la libertad de prensa y de asociación.

Reiteró que la comunidad dominicana, la más abundante del país, sufre alta xenofobia, malas condiciones laborales y discriminación por parte de funcionarios públicos, si perciben que la persona proviene de ese país.

Burgos hizo extensiva la discriminación de los dominicanos a la comunidad lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT) boricua y aseguró, en referencia al ejecutivo Luis Fortuño, que se produce en el país un desmantelamiento de las instituciones que pueden enfrentar al Gobierno, y citó los ataques ocurrido contra el Colegio de Abogados y el Tribunal Supremo.

En declaraciones para la agencia de prensa EFE Burgos, quien es abogado, afirmó también que actualmente hay una línea difusa de separación entre Gobierno e Iglesia, tras asegurar que muchas de las decisiones del Ejecutivo son dogmáticas.

Mientras, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Sección de Puerto Rico, Pedro Santiago, subrayó que durante el último año el Ejecutivo de Luis Fortuño violó los derechos de los estudiantes, a propósito de la huelga de varios meses en la Universidad de Puerto Rico que, resaltó, es de los pocos países del mundo al que se le impone la pena de muerte por la dependencia colonial que mantiene con Estados Unidos.

El Informe 2011 de los Derechos Humanos en el Mundo se refiere a las viviendas ilegales de la Comunidad de Villas del Sol, en Toa Baja, con un elevado número de vecinos dominicanos, para denunciar que no se dio plazo para un desalojo a fin de que sus pobladores encontraran una alternativa digna.