SANTO DOMINGO.– La crisis de derechos humanos en el país volvió a encender alarmas tras nuevas denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a agentes de la Policía Nacional y del DICRIM.

El exsenador Iván Silva afirmó que varias muertes de jóvenes permanecen sin ser investigadas con el debido rigor.

Silva criticó que, mientras aumentan los cuestionamientos por el uso excesivo de la fuerza, el Gobierno celebrara un acto protocolar encabezado por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña.

A su juicio, la presencia de altos funcionarios y del director policial en la ceremonia evidencia “desconexión” con el dolor de las comunidades afectadas.

Familias de víctimas como Romy Alexander Martínez, Moisés Severino Monegro y Christopher Quezada Estévez aseguran que sus casos no cuentan con investigaciones independientes.

Señalan que, mientras ellos viven un duelo profundo, se premian instituciones involucradas en los hechos denunciados.

Los testimonios de parientes y residentes apuntan a que varios jóvenes habrían sido abatidos sin órdenes judiciales ni procesos previos.

Incluso, algunos fallecieron dentro de sus viviendas o realizando actividades cotidianas, lo que ha generado indignación en sectores sociales.

Líderes comunitarios sostienen que existirían operativos ejecutados de forma violenta en zonas vulnerables, e incluso denuncian supuestos vínculos entre acciones policiales y disputas por puntos de droga. Aseguran que la falta de supervisión propicia escenarios de impunidad.

Organizaciones de derechos humanos han documentado casos especialmente graves: un adolescente de 14 años con un disparo en la cabeza, un joven muerto estando esposado y personas golpeadas fatalmente en destacamentos. Afirman que estos hechos requieren investigación urgente.

Ante la falta de respuesta institucional, abogados y defensores anunciaron que llevarán los expedientes ante organismos internacionales para forzar una pesquisa independiente y establecer responsabilidades más allá del ámbito local.

Esta acción incluiría, según Silva, no solo a mandos operativos sino también a autoridades superiores vinculadas al Consejo de la Policía. El objetivo es visibilizar la crisis en foros globales y exigir el fin de la presunta impunidad.