Hay quienes diariamente se sorprenden ante lo que parece ser una avalancha indetenible de denuncias sobre actos de corrupción en diversas esferas, al extremo de que un prominente dirigente del partido en el poder se atreve a decir que esa organización también está afectada por ese flagelo.

Si lo dijera algún dirigente de la oposición, el asunto no pasaría de ahí, pero al provenir de un co-fundador del PLD, apegado a rajatabla a los principios éticos de Juan Bosch, a la denuncia debería prestársele máxima atención, puesto que al guardarse silencio sólo se contribuiría a erosionar las bases de la gobernabilidad.

Estas y otras denuncias forman parte de lo que, estimo, es una depuración histórica, pues si se examinan los hechos políticos desde 1961, se nota que de cada escándalo algo positivo queda.

Hoy vemos, por ejemplo, una opinión pública más fortalecida.

La Cámara de Cuentas, por presiones populares, tuvo que revocar los escandalosos privilegios que se otorgaron sus integrantes.

Las denuncias públicas contra el crimen organizado no han evitado que sus redes se mantengan, pero sí ha dado lugar a depuraciones en algunos estamentos que han sido vinculados a actividades repudiadas como el narcotráfico.

En otros casos, como los indultos, se ha producido una acción generalizada de rechazo. Nadie niega que el Presidente de la República tenga la facultad para conceder indultos en determinadas fechas. Pero si el mismo Presidente nombró una Comisión de Indultos para examinar cada caso en particular, uno se pregunta por qué en los que han sido cuestionados no se consultó a dicha comisión. Esto dio lugar a que la mayoría de sus miembros renunciara. Auscultaron el corazón del pueblo y aceptaron sus latidos de repudio.

Los dirigentes políticos, sobre todos los del sector oficial, deben darse cuenta de esas reacciones generalizadas de protesta contra las cosas consideradas mal hechas. No se diga que esas protestas provienen de sectores políticos que quieren pescar en río revuelto, sino incluso de sectores que sin participar en la política se sienten indignados ante tantas irregularidades.

La propia Iglesia Católica, a la que pertenece la mayoría del pueblo, ha asumido una actitud responsable al liderar las denuncias.

Es bueno que se denuncie estas cosas, pues permitirá que el repudio que crean en nuestra colectividad se amplíe cada vez, para de esa manera lograr un fortalecimiento institucional que sirva de fundamento a las mejorías democráticas que se reclaman. El Congreso Nacional debe darse cuenta del cedaceo histórico que respalda el pueblo, que eligió a sus representantes, específicamente cuando se conozca la proyectada Reforma Constitucional.

Sólo si se separa el trigo de la paja, como dice la Biblia, se logrará lo mejor para el pueblo dominicano, siempre a la espera de mayores conquistas democráticas y económicas que las que ahora tiene.

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