Con el propósito de unificar las elecciones nacionales con las de medio término, el próximo período de los legisladores, síndicos y regidores será de seis años, lo que ha despertado aspiraciones en millares de dominicanos que anhelan alcanzar posiciones electivas.

A diferencia de procesos anteriores, en el que culminará en el año 2010 se observan centenares de caras nuevas que se promueven mediante múltiples y costosas propagandas. Y distribuyen, en segmentos empobrecidos, pacas de ropas, alimentos, cajas de muerto, medicamentos, mosquiteros, materiales de construcción, bebidas alcohólicas y dinero en efectivo.

Ese proselitismo millonario es simplemente para un proceso interno, en procura de candidaturas, porque el dinero grande se gasta a partir del inicio de la campaña que formalmente anuncia la Junta Central Electoral. Sin embargo, desde ya, se impone la depuración moral de los aspirantes, tarea que le corresponde a la dirección de los dos partidos mayoritarios.

Observo que el PLD y el PRD han designado comisiones, para sus respectivas convenciones, donde hay personalidades de mucho peso moral y crédito público, pero el momento de descomposición que atraviesa la sociedad dominicana demanda de eficientes mecanismos de depuración de los precandidatos.

En otras entregas he abogado por la reforma de la Ley Electoral y la necesidad de que se aplique la Ley de Partidos, para reducir a su mínima expresión el clientelismo, pero ya no hay tiempo respecto al venidero certamen, por lo que la calidad moral de los funcionarios electos el 16 de mayo de 2010 es responsabilidad exclusiva de las dos organizaciones mayoritarias.

Posiblemente sea lo único que falta, que a los poderes Legislativo y Municipal penetren personas vinculadas al narcotráfico y a otras actividades ilícitas, por lo que anticipadamente hay que dar el grito de alarma: ¡depúrenlos!