Derecho ciudadano

La Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, precepto jurídico cuyo cumplimiento y garantía la Constitución  encomienda al Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional.

Nótese que ese artículo de tan trascendente encíclica se refiere en iguales términos jerárquicos al derecho “a la vida, a la libertad y a la seguridad” de los ciudadanos, porque se aborda a un trío de conceptos indisolubles para la convivencia humana.

El texto sustantivo y las leyes adjetivas asimilan cabalmente ese principio, como todos los demás en esa Declaración votada por Naciones Unidas hace 60 años, que consagran la igualdad ante la ley y condenan todo tipo de discriminación.

Constituye un pecado la aplicación o interpretación sesgada de ese texto, o de cualquier ley que refleje su contenido, porque contamina el espíritu de  los redactores de esa Carta, que no es otro que de promover un estado de derecho basado en garantía “a la vida, a la libertad y la seguridad” de los individuos.

A ningún ciudadano le asiste derecho de ejercer la violencia, salvo en los casos señalados expresamente en la ley, como la legítima defensa, porque ese derecho ha sido asignado a la autoridad militar o policial, cuando actúan compelidos a evitar la comisión de un crimen o a defender la seguridad del Estado.

Todo lo que antecede se ha escrito para llamar la atención sobre la pretendida intención de conducir a la Policía Nacional al paredón de la condena pública, sin reparar que ese juicio sumario debilita la vigencia del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la ciudadanía toda.

No se niega que agentes policiales incurren en excesos contra presuntos delincuentes o  ciudadanos que no han violentado la ley, pero es injusto avasallar o desmoralizar a esa institución, en vez de  exigir que la justicia  indague denuncias de violación a derechos civiles.

Hasta hace poco, los diversos sectores sociales clamaban para que las autoridades enfrentaran una creciente delincuencia que virtualmente controlaba las calles y disponía a su antojo de vidas y bienes de los ciudadanos.

Sin menoscabo al deber de denunciar violaciones a derechos humanos, se requiere que la sociedad reclame del Gobierno un mayor apoyo logístico y técnico para una Policía a la cual la Constitución y las leyes han encomendado la tarea de defender y preservar el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de todos los ciudadanos.