UBI RIVAS

Las estadísticas del crimen en República Dominicana presentan un prontuario alarmante, sin que el gobierno de Danilo Medina, mediante los organismos de seguridad del Estado diseñen un plan para imponer el monopolio de la violencia y superar el desafío de la canalla que tiene la calle ganada.

Interpretando una reseña alusiva a los elevados índices de crímenes y delincuencia que azota al país y atemoriza a la ciudadanía pacífica e indefensa, la reportera Niza Campos, de Diario Libre, escribió una reseña publicada el 20 de febrero del 2014 en la que inserta la estadística tétrica de los crímenes, desafueros, suicidios y temeridad en conducir vehículos de motor, que en 2012 reportaron 5,284 víctimas, en 2013 fueron 1,987 suicidios y 1,892 víctimas de accidentes de tránsito, la mayoría motoristas imprudentes, menores en un gran por ciento, sin cascos, en chancletas, y haciendo apuestas de carreras, inclusive acostados en el sillín del motor.

En 2012 dice el reporte de Niza Campos, 1,600 individuos fueron eliminados por armas de fuego o un 91.15% del total y el resto fueron homicidios. La tasa de muertos por armas de fuego en 2012 fue de 15.8% por cada cien mil habitantes, 189 por mes, seis diarios y un total de 2,268, incautando la Policía en 2013 un total de 1,850 armas de fuego.

En el país hay más de medio millón de civiles que poseen armas de fuego, pistolas, la mayoría, revólveres y escopetas de cartucho, una barbaridad, en un país proclive a la violencia, con escasa noción de quienes tienen un arma de fuego de valorizar una vida humana, la inmensa mayoría, pelafustanes, apenas alfabetos, abusadores y golpeadores pertinaces de sus esposas, concubinas y novias.

Un cuadro de espanto y brinco, sin que ningún gobernante se inmute y muestre la terapia para corregir la raíz del flagelo.

En ocasión de festejar el 169 aniversario de crearse en el país el arma del mar, el 28 de mayo último, el titular de las Fuerzas de Defensa, almirante Sigfrido Pared Pérez, sugirió que los policías que ultimen a los criminales no deben ser traducidos a la acción judicial, sino primero investigarlos, añadiendo que República Dominicana es el único país en el mundo que procede de esa manera contra los que eliminan criminales, sugerencia que el suscrito apoya en toda su dimensión y correcta intención.

La sugerencia válida del almirante Pared Pérez surge cuando el capitán Miguel Ferreras Bonifacio, mató a uno de dos antisociales que despojaron a una dama de una cartera conteniendo RD$700 mil, que seguro siguieron al salir de un banco, y ante la muerte alevosa de la teniente Mercedes del Carmen Torres Báez, que prestaba servicio de tránsito en el puente Francisco Peynado, asesinada para despojarle de su arma de reglamento, y luego sus verdugos liquidados correctamente, como debe ser siempre, por la Policía.

Periódico Hoy del 6 de mayo del 2014 inserta una que reporta 425 individuos asesinados enero-abril 20l4, y el jefe policial mayor general Manuel Castro Castillo atribuyó al inaceptable eufemismo de “percepción ciudadana”, aún los hechos fríos mostrados.

Hoy del 28 de mayo del 2014 reseñó que hasta esa fecha, 16 policías fueron asesinados para despojarle de sus armas de reglamento y el 1 de mayo del 2014 el jefe policial propuso reformar la obsoleta Ley 36 de Porte y Tenencia de Armas de Fuego, para que en vez de fianzas, aplicarle coacción preventiva.

Correcto, pero más correcto sería modificar la Ley 36 de manera que solo se permita la tenencia, y no el porte, como introdujo el diputado Víctor Bisonó Haza hace cinco años, durmiendo en el hemiciclo, porque los primeros que rechazan despojarse de sus armas de fuego son precisamente los legisladores, y para legislar no se requiere un arma de fuego sino disposición de servir a la ciudadanía y ganarse legalmente lo que pagan los contribuyentes, sin la vagabundería del “cofrecito” y el “barrilito”, que es corrupción impune.

La Ley 36 urge reformarla, en el ínterin, el presidente Medina debe ordenar a Interior y Policía una resolución provisional de desarme nacional total, concediendo un plazo de un mes a todo quien posea una licencia de portar arma de fuego a entregarla, y luego de ese plazo, disponer la requisa correspondiente sin auxilio de fiscales adjuntos, manu militaris, y subir el sueldo de los policías de 8 mil a RD$30 mil, que se puede, eliminando los “barrilitos” y “cofrecitos” inmorales y otros recortes, el crimen descenderá a niveles manejables, y la ciudadanía sentirá la seguridad que no dispone hoy, una falla de todos los gobiernos post Joaquín Balaguer para domeñar la canalla.