Conmovedora y desgarrante ha sido la historia de la mujer agredida a garrotazos por su marido en el despacho de la fiscalizadora contra la violencia de género, en Moca, donde acudió para denunciar otra golpiza que el sujeto le había propinado horas antes.

A ese episodio indignante se agregan seis asesinatos de mujeres, cinco de ellos a manos de hombres despechados, en los primeros 12 días de enero, lo que presagia un 2009 récord en intensidad de violencia de género o intrafamiliar, que en los últimos tres años cobró la vida de 673 féminas.

Las fiscalías de los diferentes departamentos judiciales reciben a diario centenares de denuncia de mujeres sobre maltratos físicos o amenazas de maridos o pretendientes, un caudal de querellas que desborda la capacidad del Ministerio Público para proteger de manera efectiva a las víctimas.

Es mayor aún el número de mujeres que se abstiene de denunciar a las autoridades sobre abusos o intimidación que padecen por temor a que sus agresores cumplan la amenaza de asesinarlas o de dañar a sus vástagos.

Se reconoce el esfuerzo de fiscales y fiscalizadores para enfrentar un flagelo convertido ya en epidemia social, pero es evidente que se requiere de una legislación que imponga mayores penalidades a los individuos que ejercen violencia de género, en el entendido de que se trata de un crimen que afecta a la familia como núcleo básico de la sociedad.

No basta ofrecerles a las víctimas comida y dinero para el transporte mientras agotan el procedimiento de denuncia, como aseguró a Listín Diario la magistrada Aracelis Peralta, porque la mayoría de los casos de asesinatos de mujeres ocurre después que han iniciado o concluido esas formalidades procesales.

El hecho de que un individuo la emprenda a garrotazos contra su pareja en la misma oficina de la fiscalía donde la infeliz acude a clamar protección, indica el estado generalizado de indefensión o desamparo que afecta a la mujer a causa de la creciente violencia de género.

Se requiere que autoridades judiciales del Ministerio Público y la Policía coordinen y ejecuten un programa mayor de concienciación para prevenir la violencia intrafamiliar, pero a la vez endurecer las penas contra ese tipo de crimen y perseguir sin desmayo a los hombres que incurren en homicidio, maltrato físico o emocionales contra mujeres.

El año ha comenzado con una desbordante violencia. Es hora de que justicia y sociedad pongan un alto definitivo a este flagelo convertido en epidemia.