Rafael Burgos Gómez, durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio./ Foto: José de León
Santo Domingo.- Más de 300 mafias que operaban en la Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN) y en el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) fueron desmanteladas, aseguró este miércoles Rafael Burgos Gómez, director en ambas entidades.
Durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, Burgos Gómez explicó que las estructuras mafiosas detectadas operaban en áreas jurídicas y laborales, siendo estas últimas las de mayor impacto económico contra el Estado.
Afirmó que se trataba de redes enquistadas durante décadas: “Estamos hablando de miles y miles de millones de pesos que el Estado fue afectado por bandas que llegaron ahí, tenían 30 años que no se hacía gerencia, que no se respetaba esa institución, y eso pasó”.
Entre los casos más alarmantes, citó el de una persona que alegó ser empleado del CEA y que, aunque solo fue registrada como presente en ocho ocasiones, logró obtener una sentencia laboral en última instancia por un monto de cuatro millones de pesos.
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“Después que usted tiene una sentencia laboral no hay nada que hacer, hay que negociar o buscar una manera”, lamentó.
CEA administra dos millones de tareas de tierra
En cuanto a la situación de las tierras bajo administración del CEA, Burgos Gómez informó que la entidad gestiona actualmente dos millones de tareas, de las cuales un millón se encuentra bajo renta, mientras el resto está distribuido en distintas áreas o en proceso de revisión.
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Indicó que, pese al historial de desorden institucional, muchas personas han respondido positivamente al llamado del Estado para regularizar la tenencia de tierras.
“Hay muchas personas que de buena fe han ido a entregar tierras que tenían. Tenemos muchos casos y tampoco hemos tenido situaciones difíciles con las personas que hemos llamado”, sostuvo.
Burgos Gómez aseguró que los esfuerzos de reorganización continúan, con el objetivo de recuperar la institucionalidad y el respeto por los bienes del Estado, tras décadas de manejo deficiente y ausencia de control real sobre el patrimonio estatal.
