Con las huelgas de fiscales y las múltiples denuncias de persecución de jueces y supuestas irregularidades, tal parece que un mal de fondo cobra fuerza en el sistema judicial. Muchos de los casos han quedado en el aire, pero no por ello pierden trascendencia.
Como si se necesitara algún otro elemento la jueza Ysis Muñiz, para más señas presidenta de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ha solicitado a la Cámara de Cuentas una auditoría exhaustiva al Consejo del Poder Judicial para determinar el uso a la asignación presupuestaria de 12,921.5 millones de pesos para este año.
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No concibe la magistrada que con tantos recursos edificaciones donde operan tribunales como la Corte Penal y Civil del Distrito Nacional estén en “riesgo de colapsar” por las malas condiciones. Por sus implicaciones, la solicitud plantea sus interrogantes.