Según declaraciones de la Superintendencia de Electricidad, el aumento de la tarifa eléctrica en un 11% a partir del primero de diciembre se debe a la subida de indexadores relacionados con la tasa de cambio y la variación del precio de los combustibles que se consumen en la generación de electricidad.

Lo cierto es que los indexadores y factores determinantes del precio de la energía han variado muy poco, casi nada, en los últimos meses, si tomamos en cuenta que, por ejemplo, la tasa de cambio paso de 37.29 pesos por dólar a 37.30; el gas natural disminuyo su precio en un 10%, el carbón se mantuvo igual y solo el Fuel Oil subió un 6%.

Lo anterior demuestra que echarle la culpa a los indexadores no es más que un subterfugio del gobierno para justificar una arbitrariedad del poder.

Lo cierto es que ese aumento de tarifa procura cubrir el grave déficit financiero que tienen las distribuidoras, extrayendo de los bolsillos de la población que paga el dinero extra para financiar el robo que hacen otros y a la larga y perniciosa ineficiencia de gerentes y reguladores.

En realidad, diversos análisis han demostrado que la causa del déficit del sector no está en la tarifa, la cual, en promedio, es ya la más elevada de América Latina; las estadísticas publicadas por la CDEEE demuestran que las distribuidoras están vendiendo el kilovatio hora de energía con un margen de ganancia de más de cuatro centavos de dólar, es decir, un poco por encima del margen que obtienen la mayoría de las distribuidoras de electricidad en América Latina.

Quiere decir, que la quiebra financiera del sector se debe, principalmente, al hecho de que las Edes tienen más de un millón de abonados sin contratos ni medidores; en la enorme cantidad de energía que compran a las generadoras y la distribuyen al público sin ni siquiera facturarla; en la gran cantidad de energía que facturan pero no la cobran; en las perdidas por redes de pésimas condiciones y en el dispendio manteniendo nominas y gastos corrientes excesivos.