Desde el 2004 hasta la fecha, los funcionarios públicos del sector eléctrico no han parado de luchar contra «conspiraciones» y «sabotajes».

El «conspirador» inicial preferido (2004-2008) fue el Acuerdo de Madrid, que vence precisamente en julio del 2016 y que según ha dicho Bichara tendrá que ser renovado porque en diez años corridos de gobierno del PLD no se crearon las condiciones ni siquiera para renegociarlo con dignidad.

El segundo «conspirador» fue el «Cartel de los generadores» (2008-2013), denominación peyorativa dirigida a las empresas generadoras resultantes de la capitalización, especialmente Egehaina y Egeitabo.

Ahora bien, de todas las supuestas o reales travesuras y sabotajes que hacen esas empresas el gobierno dominicano es responsable mitad por mitad, puesto que es dueño del 50% de las acciones, aparte de los millones de dólares que recibe cada año por concepto de cobros de impuestos.

En diez años seguidos, siendo el gobierno socio paritario de Egehaina y Egeitabo, teniendo en sus manos la Ley 125-01, la Superintendencia y la regulación, así como el Ministerio Público y la Policía Nacional, los funcionarios del PLD no han sometido a la justicia a nadie por sabotaje contra los intereses del Estado, y en su lugar han preferido tapar su ineficiencia bajo el ruido de la consigna: !el «Cartel de los generadores»! !el «Cartel de los generadores»!

Ahora acaba de aparecer la tercera tapadera de la saga: la conspiración china.

La empresa china Gezhouba ha presentado formal denuncia contra los resultados de la licitación de las dos plantas a carbón.

Frente ese cuestionamiento, los funcionarios del sector, en lugar de ofrecer explicaciones convincentes sobre la licitación, los costos aceptados de las plantas, las previsiones sobre el impacto ambiental y sobre el financiamiento de los 2040 millones de dólares, han decidido darle un giro político con pegada mediática: denunciar conspiraciones y reclamar apoyo popular para la CDEEE.