A partir del próximo año lectivo, el Ministerio de Educación tendrá que utilizarse un buen porcentaje de su presupuesto para reforzar la seguridad con la instalación de más de dos mil detectores de metales para evitar la introducción de armas blancas y de fuego a los planteles.
Si el Gobierno aumenta la asignación, que este año ha sido de un 4%, la deducción se sentiría menos. Pero de lo contrario se tienen que afectar programas que tienen que ver con la construcción y reparación de plantas físicas y la mejoría de la calidad de la enseñanza. Lo que pensaría cualquiera es a lo que se ha tenido que llegar para controlar la violencia en los centros de enseñanza.
El sistema de seguridad, que es adicional a la Policía escolar, no es para proteger los planteles de intrusos, sino para evitar que los propios estudiantes lleguen armados. La verdad es que la controversial decisión evidencia la dimensión alcanzada, sin duda, por ola de violencia que se ha instalado en el territorio.
El Nacional
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