El Gobierno central dominicano destinará RD$22 de cada RD$100 para el pago de la deuda pública, convirtiéndose en el principal destino de su gasto en este 2026, según análisis de la Dirección General de Presupuesto (Digepres).
Esta cifra simbólica realmente concentra un monto de RD$362,550 millones para el pago de los intereses y comisiones de los compromisos financieros del Gobierno.
El monto supera cualquier otra función del gasto público y confirma que el mayor esfuerzo fiscal del Estado no se orienta a servicios ni inversión de capital o social, sino a honrar su responsabilidad acumulada.
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Los intereses de la deuda (externa e interna) representa el 22.3 % como porcentaje del gasto total del Gobierno central, el cual asciende a RD$1.6 billones.
En segundo lugar se ubica la educación. Este renglón absorberá el 20.2 % o la suma de RD$328,145.1 millones, equivalentes a RD$20 de cada RD$100 del presupuesto total del Gobierno, quedando por debajo del pago de la deuda.
La protección social recibirá RD$191,986 millones, es decir, RD$12 de cada RD$100, mientras que el sector salud contará con RD$168,783 millones, unos RD$10 por cada RD$100, montos que reflejan un gasto relevante pero insuficiente frente al peso creciente del endeudamiento público.
Por otro lado, la administración general del Estado agrupa RD$102,152 millones, equivalentes a RD$6 de cada RD$100, y justicia, orden público y seguridad recibirán RD$84,058 millones, alrededor de RD$5 de cada RD$100, evidenciando el alto costo de la estructura administrativa y operativa del Gobierno.
El transporte tendrá asignados RD$89,861 millones, que representan RD$6 de cada RD$100, mientras que otros servicios generales y sociales absorberán entre RD$3 y RD$4 de cada RD$100, sin un impacto productivo inmediato claramente identificado.
Un punto crítico es que más de RD$185 mil millones, equivalentes a RD$11 de cada RD$100 del presupuesto, se agrupan bajo la categoría de otros servicios no especificados, una clasificación amplia que podría reducir la transparencia y la fiscalización del uso de los recursos públicos.
El presupuesto del Gobierno central, de RD$1.6 billones, refleja un Estado con creciente rigidez fiscal, donde el pago de la deuda desplaza prioridades sociales y limita la capacidad para impulsar políticas públicas orientadas al desarrollo y la reducción de la desigualdad.
