Lo diré de nuevo: el diálogo electoral del que hablan la Junta Central Electoral y los partidos de oposición es una manera de perder el tiempo, una distracción inútil que no conducirá a resolver los problemas relacionados con la celebración de las elecciones, tanto municipales como congresuales y presidenciales, por la sencilla razón de que el órgano electoral no tiene las herramientas ni el coraje para evitar que el Partido de la Liberación Dominicana avasalle con los recursos económicos del Estado y sus instituciones, principalmente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Lo reitero: no es con el doctor Julio César Castaños Guzmán, presidente de la JCE con quien hay que dialogar y negociar, es con Danilo Medina, presidente de la República, amo y señor, Ley, Batuta y Constitución de este país medieval.

Las garantías de un proceso comicial diáfano, transparente y limpio no lo puede garantizar Castaños Guzmán, eso sólo lo puede permitir el presidente Medina, que, primero intentó reelegirse por un tercer mandato presidencial consecutivo, luego, cuando no pudo, impuso el peor candidato de “la bolita del mundo” para continuar gobernando tras haber propiciado un “matadero electoral” como el que pretende.

Enfatizo: dialogar con la JCE es un disparate, es dejarse envolver en la bruma de las palabras, no de la contundencia de los hechos.

Lo estoy diciendo desde hace mucho: sólo el pueblo, con su lucha, ganando las calles, puede obligar al PLD a cumplir sus propias leyes y normativas. Es necesario, pues, continuar con las marchas, concentraciones, cacerolazos y otras acciones populares. Hay que volver a confiar en la capacidad transformadora de las masas.

El presidente Medina tiene que sacar sus manos del proceso electoral, para lo cual es indispensable que no gaste un solo peso del erario para favorecer a los candidatos de su partido a través del Plan Social de la Presidencia, Comedores Económicos, etc… La Constitución y las leyes se lo impiden, al igual que a sus funcionarios.
Reitero: El jefe de “la policía electoral” en cada provincia y demarcación tiene que ser designado por la JCE previa consulta con los partidos de oposición.

Agrego: El “fiscal electoral”, por igual, en cada municipio o región debe ser escogido, no por el Procurador General de la República, subalterno del presidente Medina y dirigente del PLD, sino por la JCE y el Tribunal Superior Electoral en consulta con la oposición.

Además: El país no puede ser militarizado, como ocurrió durante el sabotaje de las elecciones pasadas, que 64 mil guardias fueron lanzados a las calles. (No estamos en guerra).

Subrayo: La asignación presupuestal de la JCE y del TSE no puede estar sujeta a la buena o mala voluntad del Poder Ejecutivo.