La directora del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Altagracia Paulino, denunció este lunes que sectores económicos, que no identificó, conspiran para hacer desaparecer a esa institución.
Indicó que, a través de grupos pagados, esos sectores pretenden desconocer las facultades que otorga la Ley a Pro Consumidor para actuar en defensa de la población.
Paulino precisó que esos grupos comenzaron a pronunciarse en los medios de comunicación en contra de la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que reconoce la potestad de Pro Consumidor para sancionar a los violadores de la Ley 358-05, sobre los derechos de los consumidores.
También, planean elevar un recurso ante el Tribunal contra esa decisión de la SCJ, sostuvo.
Paulino pidió a los jueces del alto tribunal que “no se dejen sorprender”.
Asimismo, agradeció a los jueces de la SCJ por “emitir esa decisión y hacer acto de justicia al devolver la potestad sancionadora a Pro Consumidor”.
“Creo que eso fue un acto de justicia. Lo que hizo la SCJ fue confirmar lo que está contenido en la Ley 358-5”.
En un comunicado de prensa, Paulino dijo que los derechos del consumidor están consagrados en la Constitución de la República y que “no hay nada de inconstitucional en la decisión de la SCJ ni en lo que establece la Ley 358-5”. Recordó que esa legislación otorga a Pro Consumidor ocho títulos habilitantes para sancionar y poner multas.
“Está clara la potestad sancionadora de Pro Consumidor para hacer valer los derechos del ciudadano, sus derechos humanos y económicos que han sido vulnerados”, insistió.
En ese sentido la funcionaria dijo que “quien le ha faltado al ciudadano, sea del sector público o del privado, tiene que pagar por el daño y resarcir al afectado. Eso está claro en la Ley y en el artículo 53 de la Constitución de la República”.
