El Nacional

Con la creación de los Centros de Capacitación de Informática (CCI), lo que hace el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), es devolver a la comunidad los recursos que obtiene con el impuesto del 2 por ciento que se aplica a todas las facturas que paga la población por los servicios de teléfonos, telecable e internet, dijo el presidente del organismo.

El doctor José Rafael Vargas hizo la afirmación en el acto de entrega de 72 de estos centros a las entidades sociales y comunitarias que las han estado administrando, para que sigan haciéndolo, pero sin el apoyo del Estado.

Como estos 72 CCI ya no serán administrados con recursos del Indotel, el organismo regulador de las telecomunicaciones en el país, dispondrá de esos recursos para abrir otros centros nuevos en otras localidades del país.

Vargas dijo que en principio se puso en duda que se pudieran gestionar y sostener las salas digitales en el país, dado los costos que implicaba los pagos del Internet, instructores, electricidad, seguridad y conserjes.

Sostuvo que la gran preocupación era la gestión y la sostenibilidad de las salas digitales, en razón de que «se veía como algo muy lejano, como muy difícil», pero dijo a los que dudaban que esa parte se la dejaran a él, ya que garantizaba que «aquí hay suficiente entusiasmo, dedicación, suficientes líderes comunitarios capaces de afrontar este desafío».

Explicó que entonces el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT-Indotel) creó una estructura de ingeniería social y una unidad de gestión y sostenibilidad «capaz de vincular la comunidad, de integrar el liderazgo comunitario y hacerle ver que esto es suyo, hacerle ver que debemos comenzar a terminar el paternalismo de Estado para que cada quien asuma como suyo lo que de él viene».

Refirió que los recursos que se invierten en los centros de informática vienen de los usuarios y de las comunidades, de la contribución del 2% que establece la ley para el desarrollo de las telecomunicaciones y el Indotel lo que ha hecho es devolver ese dinero a la población en obras sociales de contenido tecnológico, en acciones educativas.

«Esto es para que le den un uso comunitario a favor, a beneficio del crecimiento y el desarrollo fundamentalmente de la juventud y sobre todo, para que se termine el desequilibrio que ha habido siempre en la República Dominicana en el acceso a la información, a la comunicación y a los bienes que reparte el Estado», enfatizó.