La Procuraduría General Adjunta para el Sector Eléctrico y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) unificarán esfuerzos para enfrentar el fraude en el suministro de energía y adoptar los correctivos necesarios para que cada usuario pague por el servicio que recibe.

En reunión en la sede de la Procuraduría General de la República, el magistrado Moisés Ferrer y el administrador de EdeEste, Rubén Bichara, acordaron disponer medidas efectivas para resolver en corto plazo la problemática energética en el Este.

Los funcionarios aseguraron que combatirán el robo de cables del tendido eléctrico, principalmente en el puente Juan Bosch, donde habrá una vigilancia permanente y realizarán un trabajo conjunto entre ambas entidades.

Con relación al estudio que indica que en el país hay alrededor de 1.6 millones de hogares o locales que consumen energía y no se les factura su consumo por falta de contadores, Ferrer señaló que la Ley General de Electricidad no sólo manda a perseguir el fraude eléctrico, sino que les exige a las distribuidoras brindar un servicio eficiente, y parte de ello lo constituye facilitar la colocación de medidores a todos los usuarios que no estén provistos de los mismos.

En ese sentido, argumentó que los ciudadanos que no posean los medidores por ineficiencia de las distribuidoras no pueden ser acusados de violadores de la Ley General de Electricidad.

Ferrer instó a los ciudadanos a denunciar los casos de fraude eléctrico, para mejorar el servicio a la población y se pueda incrementar el número de circuitos 24 horas, como es el interés del presidente Leonel Fernández.