El Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia impuso el pago de una garantía económica, presentación periódica ante el Ministerio Público y el impedimento de salida del país, como medida de coerción contra un hombre que cometió maltrato y actos de crueldad hacia un perro, causándole la muerte, en un hecho ocurrido el pasado 24 de febrero en el distrito municipal La Otra Banda, en esta provincia.
La jueza Evelin Cabrera Hubiera impuso la medida en contra de Julio César Jiménez Martínez, quien deberá pagar una garantía económica de RD$200,000, bajo contrato con una compañía aseguradora. Además el agresor queda bajo el cuidado y vigilancia de la Fundación Protectora Amantes de los Caninos Altagracianos, dirigida por el señor Basilio de la Rosa Carpio, y prestará labores de servicio comunitario.
Los hechos ocurrieron el pasado día 24 de febrero del año en curso, cuando el agresor, en su vehículo Toyota Rav-4 4×2, placa G094219, color gris, año 1998, amarró al perro en la parte trasera de dicho vehículo y lo arrastró mientras conducía por la carretera La Otra Banda- Cruz Isleño.
Mientras cometía dicha acción, que constituye un acto maltrato y de crueldad contra el animal, fue grabado en video, el cual fue compartido en redes sociales y entregado, posteriormente, a las autoridades por la persona que grabó la acción criminal.
El animal, que producto de estos maltratos murió mientras era arrastrado presentaba signos de violencia y heridas en distintas partes del cuerpo.
A pesar de su letal acto contra el animal, el conductor sólo se detuvo cuando dos hombres en una motocicleta le reclamaron que se detuviera.
Durante su arresto, y tras conocer sus derechos, el imputado manifestó que él era la persona que conducía el vehículo y que cometió el hecho descrito.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Claudia Lorena Garrido Caraballo, Hendrich Ramírez de la Rosa y Carmen Delia Romero, imputa a Jiménez Martínez la violación a los artículos 31, 32, 61 y 66 de la Ley 248-12, de Protección Animal y Tenencia Responsable en perjuicio del Estado dominicano.
