La difamación e injuria son dos delitos primos hermanos que concurren juntos, muchas veces, en infracciones que atentan contra el honor y la consideración de las personas, y ambos se registran con una asiduidad espantosa por varios factores, principalmente por la falta de voluntad e iniciativa de los agraviados para accionar en justicia, lo que genera una exención que estimula a los transgresores a continuar con el rosario de agravios contra ciudadanos de limpia trayectoria.
La ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento del 20 de diciembre del año 1962, está vigente con algunas modificaciones para despenalizar a los propietarios y directores de medios de difusión, en virtud de que los sometimientos los arrastraban en una especie de cascada, pero la esencia de la normativa goza de todo su alcance y vigor, y sigue revestida de sanciones correccionales que generan un régimen de consecuencias.
Es penoso ver en los medios electrónicos, sean las redes sociales y los programas de los llamados “influencer”, las manifestaciones de un lenguaje soez, vulgar , tosco. Inculto y grosero de los integrantes de estos espacios, sin que ninguna autoridad intervenga para frenar a los autores de este tipo penal que se expande libremente, enfermando el cuerpo social.
El Ministerio Público está facultado por ley de actuar de oficio ante cualquier delito y crimen, y es difícil ver un representante de la sociedad, asumir una investigación, salvo que no sea a instancias privadas, una actitud que incentiva la repetición de violaciones a la ley, dándole una coraza de impunidad execrable a los asesinos de reputaciones bien ganadas.
Desde que se inician estos programas radiales o televisivos, sus productores parecen ser como las serpientes que siempre tienen el veneno en la boca, y arrojan lodo contra funcionarios públicos y personas de la sociedad civil, olvidando que se dispone de un andamiaje legal que, aplicándolo, se eliminaría a los terroristas del lenguaje, una guarida que debe coexistir en las rejas de las cárceles.
El viceministro de Cultura, el semidiós Giovanny Cruz, intentó poner orden en las ondas hertzianas, pero su buena intención quedó truncada porque no cuenta con los instrumentos jurídicos necesarios para aplicar la ley, pues la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos fue suprimida por otra disposición que crea un Instituto de Comunicaciones, organismo totalmente inoperante, cuyas funciones no son explícitas, y por vía de consecuencia solo tenemos como herramienta la ley 6132.