Los partidos políticos recibirán del Estado este año 526 millones de pesos para participar en las elecciones congresionales y municipales del 2010, lo que significa un enorme sacrificio de los contribuyentes que el liderazgo partidario no ha sabido valorar.

La Junta Central Electoral (JCE) ha distribuido ya más de 200 millones de pesos durante el período enero-junio y entregará otros 307 en el segundo semestre de este año.

En virtud de la Ley Electoral, el 80 por ciento de esos 526 millones se distribuyen en partes iguales entre los partidos de la Liberación (PLD) y Revolucionario (PRD), por ser las únicas organizaciones que obtuvieron más del cinco por ciento de los votos válidos emitidos en las elecciones anteriores de 2008.

Esa millonaria contribución del Estado a los partidos se incrementará sustancialmente durante el primer semestre de 2010, por ser un año electoral, lo que indica que el sacrificio del contribuyente será mucho mayor.

Se sabe que las organizaciones políticas, en especial las denominadas mayoritarias, obtienen ingresos marginales superiores a los que les consigna la JCE, por lo que puede decirse que la industria electoral figura entre las que más capitales y beneficios movilizan y generan en el país.

Sin una ley de partidos, es poco lo que se puede hacer para prevenir o evitar que las organizaciones partidarias hagan dispendio de los dineros públicos puestos bajo su responsabilidad.

También prevalece el temor de que dinero del narco o extraído de las arcas estatales alimenten las finanzas de los partidos, con la consiguiente secuela de criminalidad. La dirigencia partidaria está, pues, en obligación de hacer un uso ético y responsable de los recursos entregados por el Estado como contribución al fortalecimiento de la democracia política.

El enorme sacrificio que supone para la sociedad, el desvío de centenares de millones de pesos para el financiamiento de los partidos, debería al menos merecer que ese dinero se use con pulcritud y con estricto apego a la ley.