La Dirección Ejecutiva de Pro-Consumidor es el órgano de coordinación y ejecución de las políticas institucionales. Ha sido instituido por los artículos 18 y siguiente de la Ley 358-05 y tiene a su cargo dirigir los planes y programas que se adopten para la defensa de los consumidores y usuarios.
Está a cargo de un funcionario que se denomina director ejecutivo, quien es designado por decreto del Poder Ejecutivo a partir de una terna recomendada por el consejo directivo al Presidente de la República.
El director ejecutivo tiene un período de ejercicio de dos años y puede ser confirmado por otros dos períodos consecutivos de igual duración por decisión del consejo directivo sin la necesidad de presentar ternas al Poder Ejecutivo.
Sus competencias reúnen una amplia gama de actividades de coordinación y educativas encaminadas a hacer efectivos los derechos de los consumidores y usuarios y a crear una cultura de respeto de los ciudadanos.
Uno de los ámbitos más importantes de sus funciones está referido a su potestad de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales sobre publicidad, precios, rotulación y etiquetado de los productos.
Igualmente, es el encargado de verificar el contenido neto y efectividad de vencimiento de los productos que circulan en el mercado nacional, a fin de garantizar que dichos bienes lleguen a los consumidores con la idoneidad, origen, naturaleza, especificaciones que indiquen el contenido de ingredientes y componentes, tamaño, precio, volúmenes correctos.
Respecto del tema de control de calidad, la Ley pone a cargo de la Dirección Ejecutiva llevar a cabo la verificación de las características de calidad de los productos y para ello dispone que se realicen análisis en laboratorios acreditados para tales fines.
Del mismo modo, es el funcionario responsable de tramitar los reclamos interpuestas por los consumidores por presuntas violaciones de la ley. En ese tenor, el trámite no se limita solo al ámbito interno, sino que debe velar porque los derechos de usuarios de servicios públicos y privados sean atendidos en forma satisfactoria por los organismos competentes.
Esta última función es muy importante porque pone de relieve el papel de la Dirección Ejecutiva de Pro-Consumidor en la intermediación ante los órganos reguladores de servicios públicos y ante los agentes económicos del sector privado.
Asimismo, dicta resoluciones relativas a la aplicación de la Ley en caso de infracciones y violaciones que deben ser conocidas y resueltas, en primera instancia, en su nivel de competencia.
Sobre registro de organizaciones que representan derechos de los consumidores, es la Dirección Ejecutiva la encargada de establecer los requisitos apropiados para el registro de las mismas.

