A finales del año 1993 el PRD celebró primarias para escoger sus candidatos a posiciones legislativas y municipales. Quien suscribe fue precandidato a senador por Hato Mayor. Pagué por la inscripción 10 mil pesos (mucho en ese tiempo), pero finalmente no hubo convención allí. El líder, el doctor Peña Gómez, optó por hacer designaciones.

Si partimos de que un partido tiene que incurrir en múltiples gastos para montar un proceso interno y que para esa fecha las organizaciones no percibían presupuesto de la Junta Central Electoral, el pago de inscripción de un aspirante se podía interpretar como contribución justificable.

Ahora no se justifica. En el pasado proceso electoral el PRD cobró entre 50 y 100 mil pesos (dependiendo de la posición) a los aspirantes. Es una distorsión digna de corrección, porque no todos los militantes están en capacidad de hacer ese pago y las primarias se tornan socialmente excluyentes, violentando, además, el derecho a elegir y ser elegidos. En este caso, los desposeídos, sólo tienen derecho a elegir.

Son de los aspectos que ameritan ser discutidos, sobre todo en momentos en que los partidos, sobre todo los mayoritarios, perciben cientos de millones de pesos de los contribuyentes, sin ofrecer informes transparentes de los gastos, conforme a auditorías publicadas recientemente por la Cámara de Cuentas.

De cientos de expedientes disponibles por la Cámara de Cuentas, cada cierto tiempo, en proceso de manipulación selectiva, sus jueces dan a conocer informes del desenvolvimiento financiero de alguna institución que maneja fondos públicos, cuando lo ideal es que se haga sin distinción y de forma regular.

Hay que admitir el aporte parcial que hace la Cámara de Cuentas. Pero el asunto no debe quedarse en anuncio. Si hay distorsiones o desvío de recursos, los tribunales tienen que ser apoderados y, finalmente, dictarse la sentencia correspondiente.